El senador Juan Pablo Gallo, del Partido Liberal y representante de Risaralda, se encuentra en medio de una nueva controversia judicial. Su nombre aparece en una lista de 28 congresistas investigados por la Fiscalía General de la Nación debido a presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos del Instituto Nacional de Vías (Invías).
De acuerdo con el medio Semana, las pesquisas señalan la existencia de un esquema de corrupción en el que se habrían direccionado recursos millonarios destinados a obras públicas a cambio de beneficios personales.
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Uno de los contratos clave en la investigación está relacionado con un proyecto en el departamento de Bolívar, cuyo valor asciende a 14.860 millones de pesos colombianos (aproximadamente 3,6 millones de dólares).
Según las indagaciones, Gallo habría recibido ventajas indebidas en este proceso. La exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, ha sido una figura central en la investigación al proporcionar declaraciones detalladas sobre cómo se estructuró el presunto esquema corrupto.
La Fiscalía remitió una compulsa de copias a la Corte Suprema de Justicia, para que determine si existen méritos suficientes para abrir una investigación formal contra los congresistas implicados, incluido Gallo. La Corte Suprema es la instancia encargada de juzgar a los legisladores en ejercicio, por lo que su intervención será crucial para definir el futuro judicial del senador liberal.
Antecedentes y otros escándalos
Este no es el primer episodio judicial que salpica a Gallo. En 2023, fue vinculado a un escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Las investigaciones apuntaron a desvíos de recursos destinados a emergencias mediante contratos irregulares, como la entrega indebida de carrotanques para atender la crisis de agua potable en La Guajira.
El pasado 10 de diciembre, Gallo compareció ante la Corte Suprema para responder a una indagatoria relacionada con estos hechos. Sin embargo, durante la diligencia, que duró cerca de una hora, el congresista optó por no responder a las preguntas de las autoridades.
Su abogado, Jesús Albeiro Yepes, explicó que se trata de una estrategia legal para evitar que sus declaraciones sean malinterpretadas o usadas en su contra. “Confiamos en que, al analizar los hechos, se confirmará su inocencia”, afirmó Yepes al término de la audiencia, según Colprensa.
El entramado político y los demás implicados
El caso de Gallo se enmarca en una investigación más amplia sobre presuntas irregularidades en la asignación de recursos de la Ungrd en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).
Las autoridades sostienen que varios congresistas habrían usado su influencia en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (Cicp) para favorecer la aprobación de presupuestos destinados a proyectos específicos.
Entre las pruebas recopiladas figuran documentos y testimonios que sugieren posibles acuerdos entre los legisladores y el Ministerio de Hacienda durante las sesiones legislativas de 2023. Estos acuerdos habrían facilitado la adjudicación de contratos, levantando sospechas sobre la existencia de arreglos políticos para beneficiar intereses particulares.
Además de Gallo, otros congresistas como Julián Peinado, Wadith Manzur, Liliana Bitar y Karen Manrique también han sido citados por la Corte Suprema. Los tres primeros están igualmente implicados en el escándalo de Invías, lo que refuerza las sospechas de una red de corrupción más amplia. En total, siete legisladores están bajo la lupa judicial en relación con este presunto esquema de corrupción.
Postura de Gallo y su defensa política
Antes de ingresar a la Corte Suprema por el caso de la Ungrd, Gallo manifestó su confianza en la justicia y aseguró que se siente tranquilo respecto a sus actuaciones.
En declaraciones recogidas por Colprensa, el senador subrayó su rol como opositor al gobierno de Gustavo Petro, señalando que ha votado en contra de las reformas promovidas por la administración actual.
El legislador insinuó que las acusaciones podrían estar relacionadas con su postura crítica frente al Ejecutivo, aunque no presentó pruebas concretas para respaldar esta afirmación. “Tengo seguridad, confianza en Dios y estoy muy seguro de todas mis actuaciones”, expresó Gallo ante los medios.
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