El reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales en Colombia ha alcanzado niveles críticos, según un informe reciente citado por autoridades locales y judiciales.
En Cali, capital del Valle del Cauca, los adolescentes están siendo captados mediante incentivos materiales y económicos, como pagos mensuales, motocicletas, drogas y armas.
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Este fenómeno, que afecta gravemente a la juventud de la región, no se limita a esta ciudad, ya que los menores reclutados son trasladados a otras zonas del país, como el norte del departamento del Cauca, donde los grupos armados han establecido bases de operación.
De acuerdo con declaraciones del alcalde de Cali, Alejandro Eder, esta problemática representa uno de los momentos más críticos en años recientes para el país. “En Colombia, el reclutamiento de menores está en su peor momento en muchísimos años, eso no lo digo yo, eso lo dice las Naciones Unidas”, afirmó Eder a Caracol Radio.
Además instó al Gobierno Nacional a priorizar la seguridad de los ciudadanos y endurecer las penas contra este delito. Según el mandatario, la situación no solo afecta a Cali, también ha sido documentada en otras regiones del país, lo que evidencia la magnitud del problema.
El informe detalla que los grupos armados ilegales han diversificado sus métodos de captación, utilizando tanto estrategias presenciales como digitales. Las redes sociales se han convertido en una herramienta clave para ampliar su alcance y atraer a jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Según las autoridades, los adolescentes son seducidos con promesas de dinero en efectivo, motocicletas y acceso a drogas, aprovechando las condiciones de precariedad económica y social que enfrentan muchas familias en la región.
Una vez captados, los menores son trasladados a zonas como el norte del Cauca, donde los grupos armados han consolidado su presencia. Este traslado no solo refuerza el control de estas organizaciones sobre los jóvenes, sino que dificulta la intervención de las autoridades locales, al operar en territorios con menor presencia estatal.
La Fiscalía Seccional de Cali, a través de investigaciones lideradas por su directora, María Isabel Zarama, ha identificado un patrón alarmante en el norte del Cauca, el municipio de Jamundí en el Valle del Cauca y el departamento de Nariño.
Según Zarama, los grupos armados ilegales han establecido escuelas de formación para entrenar a los menores reclutados. Estas instalaciones no solo buscan adoctrinar a los adolescentes, sino también prepararlos para participar activamente en actividades ilícitas, perpetuando así el ciclo de violencia en las regiones afectadas.
El establecimiento de estas escuelas representa un desafío significativo para las autoridades, ya que no solo deben enfocarse en prevenir el reclutamiento, también en desmantelar las estructuras que permiten la formación y adoctrinamiento de los menores. Este fenómeno subraya la necesidad de una respuesta integral que aborde tanto las causas como las consecuencias del reclutamiento forzado.
En medio de esta crisis, el alcalde Alejandro Eder destacó la importancia de una iniciativa legislativa en curso que busca endurecer las penas contra el reclutamiento de menores. Según el mandatario, esta medida es un paso en la dirección correcta, pero enfatizó que se requiere un compromiso más firme por parte del Gobierno Nacional para garantizar la seguridad de los menores y de las comunidades afectadas.
El reclutamiento de menores no solo constituye una violación grave de los derechos humanos, sino que también tiene implicaciones profundas para el tejido social y el desarrollo de las regiones afectadas. La falta de oportunidades, la pobreza y la exclusión social son factores que contribuyen a la vulnerabilidad de los adolescentes, quienes se convierten en blancos fáciles para los grupos armados.
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