Daniel Quintero aseguró que la Procuraduría lo quiere sacar de la elección presidencial: “Pediré protección a la CIDH”

La Procuraduría General de la Nación dio un paso clave en el proceso disciplinario que adelanta contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.

La entidad estaría próxima a formular un pliego de cargos en su contra, derivado de una investigación que data de 2021 y que se centra en presuntas omisiones en la actualización de su declaración de bienes y rentas en los sistemas de información pública.

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Aunque la Procuraduría aún no ha revelado oficialmente los detalles específicos de los cargos, la decisión ha sido notificada a varias partes involucradas en el caso.

Entre quienes han dado a conocer la situación está el abogado Abelardo de la Espriella, quien publicó una comunicación de la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción en la que se informa la formulación de cargos contra Quintero y la remisión del caso a la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 4.

Fue a través de su cuenta en X que el exalcalde señaló que acudirá a instancias internacionales para contrarrestar este proceso que, desde su punto de vista, es para justificar su salida de la carrera por la presidencia en 2026.

“Pediré protección a la CIDH por los intentos de la Procuraduría de sacarme de la elección presidencial. Cada año publico mi declaración de renta en redes sociales, incluso ahora que no soy Alcalde. En ninguna encontrarán irregularidad alguna. No tengo fincas ni aviones ni yates. En 2020 presenté en SIGEP mi declaración de renta para posicionarme y en 2021 la actualicé como es debido”, señaló.

Un proceso en curso desde 2021

La investigación disciplinaria en contra del exmandatario inició tras una queja presentada en noviembre de 2021 por el propio De La Espriella. En su denuncia, el abogado argumentó que Quintero no había actualizado su declaración de bienes y rentas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) desde el 7 de febrero de 2020. Dicha omisión, según la queja, vulneraba normas de transparencia y control ciudadano establecidas en la Ley 190 de 1995 y la Ley 2013 de 2019.

Según el documento presentado ante la Procuraduría, la falta de actualización de esta información impediría a la ciudadanía y a los entes de control verificar si se han producido variaciones en el patrimonio de Quintero Calle durante su paso por la Alcaldía de Medellín. Esto ha llevado a que el exalcalde enfrente ahora un proceso disciplinario que podría derivar en sanciones.

Tras conocerse la decisión de la Procuraduría, De La Espriella reaccionó con fuertes críticas a Quintero, señalando que este debe responder por su incumplimiento en la actualización de su patrimonio y sugiriendo que habría información relevante que el exalcalde estaría ocultando.

Más allá de este proceso específico, la situación legal del exmandatario y de varios de sus antiguos funcionarios sigue siendo compleja. A finales de 2024, se conoció que Quintero tenía al menos 19 procesos activos en la Procuraduría. Además, al menos 14 miembros de su administración enfrentan investigaciones o imputaciones por presuntos actos de corrupción.

Uno de los casos más sonados involucra a tres exsecretarias de la Alcaldía, a quienes la Procuraduría formuló cargos a finales de enero de 2025. Se trata de Andree Uribe Montoya, exsecretaria de Salud; Natalia Andrea Jiménez Pérez, exsecretaria General; y Karen Bibiana Delgado Manjarrés, exsecretaria de Suministros y Servicios. Estas exfuncionarias están siendo investigadas por supuestas irregularidades en la contratación para la habilitación de la Clínica de la 80 durante la pandemia.

El organismo de control sostiene que en la suscripción del contrato para la adecuación de esta clínica, valorado en $12.007 millones, se habría incurrido en falsedad ideológica en documento público. La Procuraduría argumenta que se aseguró falsamente que el contrato tenía el aval del Comité de Conciliación de la Alcaldía, lo que habría facilitado su firma en condiciones presuntamente irregulares.

Además, en otro contrato relacionado con la Clínica Vida, se cuestiona que la Alcaldía haya acordado recibir pagos entre 2022 y 2025 por un total de $12.007 millones, cuando los recursos invertidos en el proyecto fueron considerablemente mayores.

La creciente cantidad de procesos en contra de Quintero y su equipo ha puesto bajo la lupa su gestión al frente de la Alcaldía de Medellín. La Procuraduría y la Fiscalía continúan avanzando en múltiples frentes, con investigaciones que podrían tener implicaciones legales más allá del ámbito disciplinario.