Denuncian que grupos armados impiden el levantamiento del cuerpo de un hombre asesinado en Jamundí: lo acusaron de ser informante

La violencia y el conflicto armado en Jamundí, municipio del Valle del Cauca, alcanzaron un nuevo nivel de crueldad.

Según informó el medio Semana, las disidencias de las antiguas Farc asesinaron a un joven el viernes 21 de febrero, acusándolo de ser informante de un grupo enemigo. Sin embargo, lo que ha generado mayor indignación y temor entre los habitantes es que, hasta el momento, no ha sido posible realizar el levantamiento del cuerpo debido a las amenazas de los grupos armados ilegales.

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El cadáver permanece en el sector conocido como La Berta, a la vista de la comunidad, mientras las autoridades y las funerarias se ven imposibilitadas de actuar por el riesgo de represalias.

La situación generó una profunda sensación de abandono por parte de las autoridades entre los habitantes de la región, que denuncian que el miedo y la incertidumbre se convirtieron en parte de su vida cotidiana.

De acuerdo con el medio citado, las pocas funerarias que operan en la zona han evitado acercarse al lugar por temor a represalias de los grupos armados. Por su parte, la Policía tampoco ha podido intervenir debido al riesgo de emboscadas, una táctica recurrente de las disidencias en esta región.

Un denunciante, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad, calificó la situación como “un acto inhumano”, destacando que las familias de la zona no solo enfrentan el terror del conflicto armado, sino también la descomposición de un cuerpo en medio de la comunidad.

Asimismo, el denunciante señaló que esta situación refleja el abandono del Gobierno en la región. “Las familias de Timba viven cada día en medio del terror de un conflicto armado”, afirmó, subrayando que la falta de acción por parte de las autoridades solo agrava la crisis humanitaria.

Tras las denuncias de los habitantes, las autoridades locales reconocieron estar al tanto de la situación. Sin embargo, según el medio mencionado, hasta el momento no se ha enviado un equipo para realizar el levantamiento del cuerpo, lo que ha generado críticas hacia las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y el respeto por los derechos humanos en la región.

El medio intentó comunicarse con las autoridades del Valle del Cauca para obtener más información sobre las medidas que se están tomando frente a esta problemática, pero no logró establecer contacto. La falta de respuestas oficiales solo ha incrementado la percepción de desprotección entre los habitantes de Jamundí.

Un patrón de violencia que se repite en otras regiones

La situación en Jamundí no es un caso aislado. Actos similares han ocurrido en otras regiones del país, como el Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander.

En enero de 2025, se reportó que grupos armados como el ELN y las disidencias de las Farc prohibieron el entierro de decenas de víctimas del conflicto armado. Estas acciones, que violan de manera flagrante el Derecho Internacional Humanitario (DIH), se dieron en el contexto de una disputa por el control territorial para actividades relacionadas con el narcotráfico.

En esa ocasión, la Defensoría del Pueblo intervino, enviando un mensaje a los comandantes de los grupos armados ilegales para que permitieran el ingreso de las autoridades y facilitaran el levantamiento de los cuerpos. Sin embargo, la repetición de estos hechos en Jamundí evidencia que las dinámicas de violencia y control territorial persisten en varias regiones del país, afectando gravemente a las comunidades locales.

La imposibilidad de enterrar a las víctimas del conflicto armado representa una violación a los derechos humanos, al tiempo que también tiene un impacto psicológico y social profundo en las comunidades afectadas. En el caso de Jamundí, la presencia del cuerpo en descomposición en un espacio público no solo genera indignación, sino también un recordatorio constante de la violencia que domina la región.

Los habitantes de la zona hicieron un llamado urgente a las autoridades para que actúen y garanticen el respeto por la dignidad humana. Sin embargo, la falta de acción hasta el momento pone en evidencia las limitaciones del Estado para enfrentar la compleja realidad de los territorios controlados por grupos armados ilegales.