Gustavo Petro pidió a la Corte Constitucional hacer una audiencia pública sobre la reforma pensional

El futuro de la ley de reforma pensional (Ley 2381 de 2024) impulsada por el Gobierno nacional sigue generando incertidumbre. Está en manos de la Corte Constitucional, que está evaluando demandas que fueron presentadas en contra de la iniciativa, al considerar que tiene todo tipo de vicios que la hacen inconstitucional. En consecuencia, el presidente Gustavo Petro acudió al alto tribunal.

Por medio de una carta enviada a los magistrados y magistradas de la Sala Plena de la Corte, el primer mandatario solicitó que se acceda a diferentes solicitudes de convocar a una audiencia pública, las cuales han sido presentadas en medio del proceso de estudio que ha estado llevando a cabo el tribunal sobre la ley. Academias y organizaciones sociales fueron las autoras de las mencionadas peticiones, allegadas el 18 de diciembre de 2024 y el 14 de enero de 2025.

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“Dichas solicitudes son expresión del legítimo interés ciudadano de que la Corte garantice la deliberación abierta, pública, pluralista y participativa, en el marco de este proceso de control de constitucionalidad. Esto, con la finalidad de que los ciudadanos puedan aportar sus argumentos en relación con la constitucionalidad de la reforma pensional”, detalla la misiva enviada por el jefe de Estado.

Según el presidente, la ley pretende garantizar el derecho a la seguridad social a millones de ciudadanos y lograr que el sistema de pensiones en Colombia no solo sostenibles, sino también inclusivo y equitativo.

En ese sentido, recalcó que la decisión que tome la Corte Constitucional sobre la reforma debe tener legitimidad, para lo cual debe contar con un ejercicio de deliberación de “calidad”, que integre la mayor cantidad de información posible sobre la ley. De ahí la importancia de convocar a la audiencia pública solicitada por la ciudadanía, según el jefe de Estado.

“Acceder a la solicitud de audiencia sobre la reforma pensional no solo le permitirá a la Corte contar con más elementos de juicio para decidir este caso, sino también profundizar la necesaria deliberación de los ciudadanos, la academia y los distintos sectores sociales y políticos, en relación con esta transformadora y necesaria reforma legislativa”, precisó en la carta.

Es de recordar que, el presidente Gustavo Petro había invitado a los presidentes de las altas cortes a una reunión que se llevaría a cabo el viernes 21 de febrero de 2025. Sin embargo, varios de los magistrados que lideran las cortes rechazaron la cita convocada por el primer mandatario, que tenía como fin entablar un diálogo entre todos. Entre los magistrados que se pronunciaron al respecto está, justamente, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez.

Su argumento estuvo basado en las discusiones que se surten alrededor de la Ley 2381 de 2024, las cuales deben tener garantías de imparcialidad, sin tener ninguna injerencia por parte del poder Ejecutivo del país.

“A la Corte Constitucional en Sala Plena le corresponde adoptar las decisiones de mérito que en derecho corresponda, alejada de cualquier clase de actuación e interferencia que llegue a poner en duda la imparcialidad y transparencia de sus magistrados y la independencia, autonomía y objetividad institucional”, detalló el presidente del alto tribunal en respuesta a la invitación del presidente.

De acuerdo con Gustavo Petro, la posibilidad de que la reforma pensional de su Gobierno se hunda en la Corte es motivo de preocupación, porque podría derivar en graves afectaciones para la población. Una de las advertencias que ha hecho al respecto tiene que ver con Colpensiones, la administradora estatal de pensiones de Colombia, que asume modificaciones contempladas en la ley.

“Quien intente mantener ese régimen, solo logrará dos cosas si ya no hay reforma pensional, acabar con el derecho a la pensión en el país y arruinar los fondos privados, porque si no hay reforma pensional habrá una estampida de los cotizantes hacia Colpensiones como ya está pasando”, explicó el primer mandatario en la ceremonia de posesión de los ministros de Trabajo y de Transporte, Antonio Sanguino y María Fernanda Rojas, llevada a cabo el 18 de febrero de 2025.