Quién es César Valencia Mosquera, el abogado que sería el presunto intermediario de ‘Papá Pitufo’ con la campaña de Gustavo Petro

El abogado caleño César Augusto Valencia Mosquera ha sido identificado como una figura clave en una investigación que busca esclarecer los presuntos intentos de infiltración en la campaña presidencial de Gustavo Petro por parte de Diego Marín, alias Papá Pitufo, considerado el ‘zar del contrabando’ en Colombia.

Tanto el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Arturo Lemus, como el religioso fray Francisco Leudo han confirmado la identidad y el papel de Valencia Mosquera en estos hechos, según informó El Tiempo.

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Los vínculos con la campaña Petro

De acuerdo con Lemus y el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, Valencia Mosquera se habría presentado en varias ocasiones como intermediario de alias Papá Pitufo, ofreciendo un programa de comedores sociales denominado Valle Invencible CAV, desarrollado en colaboración con la Arquidócesis de Cali.

Fray Francisco Leudo confirmó que el abogado estuvo vinculado a dicho programa desde 2017 y que trabajó en la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica de Cali, desempeñándose en tareas logísticas y jurídicas relacionadas con convenios con la alcaldía y la gobernación.

Uno de los episodios más polémicos de esta historia es el presunto financiamiento de un vuelo privado en noviembre de 2021 por parte de Valencia Mosquera.

Según el medio mencionado, este viaje, con un costo de 7,2 millones de pesos colombianos, transportó a Petro desde Cali hasta Buenaventura. El ahora presidente ha reconocido que este vuelo fue pagado por un emisario de alias Papá Pitufo. Además, se ha revelado que Marín habría intentado donar 500 millones de pesos a la campaña a través del empresario catalán Xavier Vendrell, quien aseguró haber devuelto el dinero.

Trayectoria política y laboral del abogado

Valencia Mosquera tiene un historial en la esfera política y administrativa del país. Fue codirector de las Juventudes Nacionales del partido de la U y ha aparecido en fotografías junto a figuras políticas como la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras. Toro afirmó haber conocido al abogado hace más de 18 años, pero negó cualquier vínculo con “Papá Pitufo”.

En el sector público, trabajó como asesor en la Contraloría General de la República entre noviembre de 2022 y marzo de 2023, con un salario de 11 millones de pesos mensuales. También tuvo un contrato con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en julio de 2023, desempeñándose como profesional experto en la Unidad de Investigación y Acusación. Sin embargo, la JEP no ha respondido a consultas sobre su vinculación.

La Fiscalía General de la Nación ha intensificado las indagaciones sobre Valencia Mosquera y ha citado tanto al abogado como a Xavier Vendrell para rendir declaración. Según la fuente citada, Valencia Mosquera cerró sus redes sociales en los últimos días y no se ha pronunciado sobre el revuelo que lo rodea.

Augusto Rodríguez, director de la UNP, aseguró que en su momento no se presentó una denuncia formal contra el abogado debido a que alias Papá Pitufo no enfrentaba procesos judiciales activos ni órdenes de captura.

No obstante, las recientes revelaciones han generado un fuerte debate sobre la posible infiltración en la campaña de Petro y la relación entre actores políticos y redes de contrabando.

Mientras las autoridades avanzan en la investigación, este caso pone en evidencia la compleja intersección entre política, financiación de campañas y redes criminales en Colombia.

El próximo 14 de marzo, en un juzgado de Bogotá, se llevará a cabo una audiencia clave para el caso de Diego Marín. Según informó el medio Semana, la defensa de Marín intentará revocar la medida de aseguramiento que una jueza había impuesto previamente, argumentando irregularidades en el proceso judicial llevado a cabo por la Fiscalía.

Este hecho podría cambiar el rumbo del caso, ya que, de prosperar la solicitud, Marín podría quedar en libertad y enfrentar su proceso fuera de prisión.

De acuerdo con Semana, el abogado John Villamil, representante legal de Marín, ha señalado que la Fiscalía cometió errores significativos durante las audiencias preliminares.

Entre sus argumentos, Villamil destacó que la declaratoria de contumacia contra su cliente no debería limitar su participación en el proceso judicial. Según el abogado, esta exclusión vulnera los derechos fundamentales de Marín, por lo que considera que la medida de aseguramiento debe ser anulada.

Durante las audiencias preliminares, Villamil enfatizó que la contumacia, que implica la ausencia del acusado en el proceso, no puede ser utilizada como una herramienta para restringir los derechos de su cliente.

Según explicó, la ley establece que una persona detenida preventivamente debe ser puesta a disposición de un juez competente en un plazo máximo de 36 horas, algo que, según él, no se cumplió en el caso de Marín.