Procuraduría anunció inspección a la Corte Suprema por caso de corrupción en la Ungrd

La Procuraduría General de la Nación (PGN) llevará a cabo este jueves 20 de febrero de 2025 una diligencia de inspección en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, como parte de una investigación disciplinaria que involucra a cinco congresistas y varios exfuncionarios del Gobierno.

Este proceso está relacionado con presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en un caso que apunta a un esquema de corrupción vinculado a la asignación de contratos a cambio de apoyo político.

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La diligencia tiene como objetivo recopilar pruebas en el marco de una indagación disciplinaria que se adelanta contra figuras como los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, así como contra congresistas y otros altos funcionarios.

La investigación busca esclarecer si los implicados participaron en un entramado que habría utilizado recursos de la Ungrd para otorgar contratos a congresistas a cambio de votos favorables a proyectos de ley y reformas impulsadas por el Gobierno.

Según el auto emitido por la Procuraduría, la inspección se realizará a partir de las 8:30 a.m. en las oficinas de la Sala Especial de Instrucción, ubicadas en el edificio Avianca en Bogotá.

La diligencia estará a cargo de la asesora Angélica María Torres García, adscrita a la Sala Disciplinaria de Instrucción, y contará con la colaboración de la profesional universitaria Laura Valentina Castro Cristiano.

El documento oficial, firmado por la procuradora delegada María Consuelo Cruz Mesa, establece que esta inspección busca trasladar al proceso disciplinario las pruebas recaudadas en la actuación judicial que se adelanta contra los congresistas implicados.

Entre los investigados se encuentran Wadith Alberto Manzur, Julio Elías Chagüi Flórez, Karen Astrith Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya.

El caso se remonta al 25 de julio de 2024, cuando la Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa contra varios altos funcionarios y congresistas por su presunta participación en actos de corrupción relacionados con la Ungrd.

Entre los investigados también figuran el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González, y el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero Galeano.

La investigación se centra en determinar si los recursos de la UNGRD fueron utilizados de manera irregular para beneficiar a congresistas mediante la adjudicación de contratos, con el objetivo de garantizar su apoyo a iniciativas legislativas del Gobierno. Este esquema, de confirmarse, representaría una grave violación a los principios de transparencia y legalidad en la administración pública.

El proceso disciplinario involucra a un total de 12 personas, entre exministros, congresistas y otros funcionarios. Cada uno de los investigados cuenta con representación legal en el caso. Por ejemplo, Ricardo Bonilla González es defendido por Jorge Mario Gómez Restrepo, mientras que Luis Fernando Velasco no tiene defensor registrado en el documento.

Otros implicados, como Carlos Ramón González, cuentan con la representación de Iván Alfonso Cancino González, y Camilo Romero Galeano está representado por Sofía López Morales.

Entre los congresistas investigados, Wadith Alberto Manzur tiene como defensor a Luis Carlos Torregroza Diazgranados, y Karen Astrith Manrique Olarte es representada por Andrés Garzón Roa. Asimismo, Julián Peinado Ramírez cuenta con la defensa de Jaime Andrés López Gutiérrez, y Juan Pablo Gallo Maya está representado por Julián Ocampo Acevedo.

La diligencia de inspección programada para el 20 de febrero de 2025 marca un paso clave en la recolección de pruebas dentro de este caso de alto perfil. Según el auto de la Procuraduría, se notificará a todos los sujetos procesales y a la Secretaría de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia sobre esta decisión.