Comenzó el paro armado del ELN en el Chocó: Gobernadora pide declarar la conmoción interior

La región del Chocó, en el noroeste de Colombia, enfrenta una de las crisis humanitarias más graves de los últimos años.

Desde la medianoche del martes 18 de febrero, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha decretado un paro armado de 72 horas, paralizando la vida cotidiana de miles de habitantes.

Esta acción busca consolidar el control territorial del grupo insurgente en medio de una disputa con el Clan del Golfo y las Disidencias de las Farc, que también opera en la zona.

La situación ha generado desplazamientos masivos, confinamientos y una creciente preocupación por la seguridad de las comunidades locales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El paro armado implica amenazas directas contra cualquier persona que intente salir de su vivienda, incluso para actividades esenciales como buscar alimentos, asistir a clases o recibir atención médica.

La guerrilla justificó la medida en un comunicado, acusando al Ejército y al Clan del Golfo de actuar en connivencia para desestabilizar la región. Estas acusaciones, sin pruebas concretas, contrastan con los recientes operativos de las Fuerzas Armadas, que han logrado incautar un importante arsenal de guerra perteneciente al Clan del Golfo.

La violencia en el Chocó ha provocado el desplazamiento de más de 3.500 personas en los últimos días, según cifras reportadas por El País, de España. Además, más de doce mil habitantes permanecen confinados en sus comunidades, sin acceso a recursos básicos ni posibilidad de movilización.

La Defensoría del Pueblo alertó sobre la presencia de minas antipersona en áreas cercanas a caseríos y escuelas, lo que agrava aún más la situación de vulnerabilidad de la población.

El conflicto se concentra principalmente en la cuenca del río San Juan, un corredor estratégico para actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de madera. Los municipios más afectados incluyen Istmina, Medio San Juan, Nóvita, Sipí y Litoral de San Juan. En estas zonas, los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo han dejado a comunidades enteras atrapadas en medio del fuego cruzado.

Ante la gravedad de la situación, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, ha solicitado al Gobierno de Gustavo Petro que declare el estado de conmoción interior en el departamento, una medida que ya se aplicó en la región del Catatumbo, en el noreste del país.

Según declaraciones recogidas por El Colombiano, Córdoba argumentó que la crisis en el Chocó es comparable a la del Catatumbo, donde el conflicto armado ha dejado un saldo devastador en términos de desplazamientos y violaciones a los derechos humanos.

“La paz en el Chocó no se pudo. Con el ELN no se pudo. Con el Clan del Golfo no se ha podido todavía. Entonces, hay una conmoción interior por efectos del impacto de la criminalidad sobre la ciudadanía”, afirmó la gobernadora en una entrevista con La FM. Córdoba también denunció que el 80 % del territorio del Chocó está minado, lo que impide a los habitantes realizar actividades básicas como cultivar la tierra.

La crisis en el Chocó se ha intensificado con la aparición de un nuevo actor armado: las disidencias de las extintas Farc, lideradas por alias ‘Iván Mordisco’. Según informó la Defensoría del Pueblo, este grupo estaría actuando en alianza con el Clan del Golfo para enfrentar al ELN, lo que ha añadido una nueva dimensión al conflicto.

Esta alianza busca consolidar el control sobre el río San Juan, un territorio clave para el tráfico de drogas hacia el Pacífico. Fuentes militares han afirmado en medios radiales como La FM, que este paro armado tambien busca ganar tiempo para movilizar maquinaria usada para minería ilegal.

La expansión de las disidencias de las Farc en el oeste y sur del país ha sido documentada por la Defensoría, que advierte sobre el impacto de esta nueva dinámica en la seguridad de las comunidades locales. Según El Colombiano, esta situación ha llevado a un aumento en los desplazamientos y confinamientos, así como a una mayor militarización de la región.

Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la situación. La ONG Save the Children anunció la suspensión de sus operaciones en el Chocó durante el paro armado, lo que afecta el acompañamiento psicosocial que brindaban a las comunidades tras las inundaciones de noviembre pasado. “Hay mucha zozobra por lo que pueda ocurrir”, señaló Maira Seidel, coordinadora de protección de la entidad.

En respuesta a la crisis, el Ministerio de Defensa ha desplegado 340 soldados en la zona rural del Medio San Juan para proteger a la población civil, según informó Teleantioquia. Sin embargo, las autoridades locales consideran que estas medidas son insuficientes y han insistido en la necesidad de una estrategia de seguridad integral que aborde las causas estructurales del conflicto.

Un informe de la organización De Justicia, citado por El Colombiano, subraya la importancia de proteger a las comunidades afrodescendientes e indígenas, priorizando su seguridad, el derecho a la vida y el acceso efectivo a sus territorios. Además, el organismo instó al Gobierno a realizar un seguimiento adecuado a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo para prevenir nuevas crisis.

El paro armado del ELN es el noveno que se lleva a cabo en el Chocó en los últimos dos años, según El Tiempo. Desde la salida de las Farc de la región en 2016, tras la firma de los Acuerdos de Paz, el ELN ha reforzado su presencia en el departamento, aprovechando su ubicación estratégica en el Pacífico y su proximidad a la frontera con Panamá.