
En el puente de la Calle 100 con Carrera Séptima, en Bogotá, fueron instaladas varias pancartas con mensajes en contra del Gobierno del presidente Gustavo Petro. La acción está dentro de un cabildo abierto convocado por diversos sectores ciudadanos y liderado por el concejal de Bogotá Julián Uscátegui y el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, que manifestaron su intención de mantener una protesta indefinida en la zona.
Desde el jueves 13 de febrero, asociaciones de veteranos, asociaciones de la fuerza pública y ciudadanos establecieron una asamblea permanente en los alrededores del monumento a Gandhi y el monumento a los Héroes, en el norte de la capital. La principal exigencia del grupo es la apertura de un juicio político contra el mandatario colombiano, bajo el argumento de que hay diversas denuncias en contra del jefe de Estado. Entre los temas mencionados están supuestos ingresos irregulares de dinero a su campaña, la gestión de los llamados “gestores de paz” y el manejo de diversas políticas gubernamentales.
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Desde la mañana del sábado 15 de febrero, varios manifestantes colocaron pendones con mensajes dirigidos a la ciudadanía y a las instituciones encargadas de la investigación contra el presidente. “Para sacar a los delincuentes de las calles, primero, ¡hay que sacarlos del Gobierno!”, se lee en una de las pancartas colgadas en el puente de la Calle 100 con Séptima.
Otro mensaje visible en la zona dice: “#JuicioPolíticoYa”, mientras que otro pendón expresa: “¡Despierta, Colombia! Con el crecimiento más bajo en la historia, con la inseguridad desbordada en todo el territorio nacional, con las reformas que solo desestabilizan el país, juicio político contra Gustavo Petro, por topes electorales”. Además de los mensajes en los pendones, en la zona se ubicaron banderas y mapas de Colombia, utilizados como símbolo de la protesta.
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Asamblea permanente y nuevas actividades
El representante José Jaime Uscátegui reiteró en sus redes sociales que esta manifestación es de carácter indefinido y que los participantes no se retirarán hasta que la Comisión de Acusaciones del Congreso escuche sus peticiones. “Agradezco a las asociaciones de la reserva, a las organizaciones civiles y sociales que también se hacen presentes y nos vamos a movilizar, vamos a matar la indiferencia y no nos movemos de acá hasta que inicie el juicio político contra Gustavo Petro”.
“El mensaje para la comisión de acusaciones y tienen que escuchar nos tienen que oírnos. Este es un llamado cíclico, popular, pacífico, pero que no jueguen con nuestros anhelos, porque aquí estamos para defender a Colombia también”, señaló el congresista en un video compartido en sus redes sociales.
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Es importante resaltar que la delegación mencionada tiene la responsabilidad de indagar sobre altos funcionarios del Estado, incluido el presidente de la República. Debido a la presión ejercida por sectores políticos y diversas asociaciones, se solicita analizar las pruebas presentadas para determinar si existen fundamentos suficientes que justifiquen el inicio de una investigación formal contra Gustavo Petro. Esta entidad posee la autoridad para llevar a cabo procesos que, eventualmente, podrían derivar en un juicio político contra el mandatario; sin embargo, en la práctica, pocas de estas investigaciones han llegado a instancias definitivas.
Además, durante estas manifestaciones, los organizadores anunciaron la realización de un evento comunitario denominado “sancochatón” para el domingo 16 de febrero. Se espera que durante esta jornada se sumen más ciudadanos a la iniciativa, con el fin de visibilizar aún más su exigencia de que se investigue al jefe de Estado.
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Así, las protestas en contra del presidente continúan desarrollándose en un contexto político marcado por la tensión en el país, donde tanto Gustavo Petro como su entorno más cercano están en el centro de la controversia. Esto ocurre tras revelarse que, de los 195 compromisos asumidos por el Ejecutivo, 146 aún no han sido cumplidos, lo que representa cerca del 75% de lo planificado para el cuatrienio, según un informe divulgado a solo 18 meses de que termine el mandato.
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