Dos concejales de Bucaramanga que casi se van a las manos serán investigados por la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra los concejales de Bucaramanga, Jorge Édgar Flórez Herrera y Carlos Felipe Parra Rojas, por tratos irrespetuosos y desafiantes en el recinto del cabildo de la capital santandereana.

Los hechos se remiten al 14 de abril de 2024, cuando los corporados, durante un debate en el salón de la plenaria Luis Carlos Galán Sarmiento, hubo intercambios de palabras de alto calibre, e insinuaciones obsenas, lo que provocó que fueran apartados para evitar un conflicto personal entre ambos cabildantes.

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En un momento, uno de ellos acusó a su compañero de tener nexos oscuros dentro de la administración municipal, lo que produjo la serie de improperios en el recinto político.

“El ente de control cuestionó a Carlos Felipe Parra Rojas por la actitud desafiante y provocadora que habría asumido al término de la sesión, al dirigirse a Flórez Herrera, al punto que éste se habría levantado para responderle si quería pelea, en términos irrespetuosos y soeces”, explicó el organismo de control en un comunicado.

Así mismo, la entidad señaló que los ahora investigados “pudieron vulnerar su deber funcional de brindar el respeto debido y exigido por el ordenamiento jurídico vigente a las personas con las que tienen relación por el servicio, máxime dentro del recinto donde se llevan a cabo las sesiones del concejo, un lugar donde se debe permanecer con observancia de las buenas relaciones”.

Del mismo modo, la Procuraduría enfatizó que los concejales municipales, como servidores públicos, tienen la obligación de actuar con respeto y altura en el ejercicio de sus funciones. La entidad recordó que cualquier conducta que contravenga estos principios puede ser objeto de reproche disciplinario, especialmente cuando ocurre en un espacio que debe ser ejemplo de buenas relaciones y profesionalismo.

En esta etapa procesal, la Procuraduría calificó las presuntas faltas como graves y señaló que habrían sido cometidas con culpa grave. Este tipo de calificación implica que los investigados pudieron haber actuado con negligencia o imprudencia al no prever las consecuencias de su comportamiento, lo que agrava la situación desde el punto de vista disciplinario.

La entidad también informó a los concejales sobre los beneficios que podrían obtener en caso de aceptar los cargos o confesar su responsabilidad en los hechos. Asimismo, se les recordó su derecho a rendir versión libre, lo que les permitirá presentar su perspectiva sobre lo ocurrido y aportar elementos que puedan ser considerados en el proceso.

La investigación continuará su curso, y se espera que los concejales involucrados ejerzan su derecho a la defensa en las próximas etapas del proceso. Mientras tanto, el caso sigue siendo un recordatorio de la importancia de la ética y el respeto en el ámbito público.

Por otra parte, la Procuraduría abrió una investigación preliminar contra Jonathan Chaverra, concejal del municipio de Copacabana, Antioquia, adscrito al partido Alianza Verde, tras varias denuncias de maltrato físico, psicológico y verbal presentadas por Claudia Aguirre, expareja del funcionario.

Según informó el ente de control, se busca esclarecer si las acusaciones contra el cabildante antioqueño constituyen una falta disciplinaria.

Entre los aspectos que se investigan se encuentra la posibilidad de que Aguirre estuviera embarazada al momento de las agresiones, así como las secuelas físicas y psicológicas que estas habrían dejado. La entidad ha solicitado pruebas para corroborar las acusaciones y establecer la responsabilidad del funcionario en los hechos.

Aguirre ha entregado a las autoridades judiciales una serie de pruebas que incluyen audios, mensajes de texto y un video que, según ella, documentan los episodios de violencia. La denunciante expresó su temor de que el caso quede en la impunidad, pese a la contundencia de las evidencias presentadas.

Por su parte, la Procuraduría Provincial de Valle de Aburrá se encuentra verificando las conductas descritas en la denuncia y ha ordenado la recolección de pruebas necesarias para avanzar en el proceso. Este caso se suma a la investigación interna que también ha iniciado el Partido Alianza Verde.

Ante esta situación, el concejal Jonathan Chaverra ha manifestado que será la justicia quien determine su culpabilidad o inocencia. “¿Qué dice la norma frente a cuándo pierdo yo el ser concejal? Cuando yo tenga una sentencia en firme, pero yo soy respetuoso de la ley. ¿Cómo me van a pedir eso a mí, si a mí ni siquiera me han juzgado? Dejemos que avance el proceso”, expresó el cabildante a Blu Radio.