
La red de contrabando que operó durante casi cuatro décadas bajo el liderazgo de Diego Marín, conocido como “Papá Pitufo”, habría generado ganancias anuales de hasta ocho billones de pesos.
Según informó la Fiscalía, esta organización se movía semanalmente hasta treinta contenedores cargados de mercancías ilegales, como textiles, autopartes, electrodomésticos y licores, a través de los principales puertos de Colombia.
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En este entramado, Ricardo Orozco Baeza, alias el Bendecido, figura como una pieza clave, señalada como el coordinador logístico de las operaciones en el puerto de Buenaventura.
“El Bendecido” fue capturado el 14 de marzo del año pasado. Su testimonio podría ser crucial para desentrañar la red de sobornos que, según las autoridades, involucró a funcionarios de la Policía y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
Además, se investiga un intento de infiltración en la campaña presidencial del Pacto Histórico en 2022. Sin embargo, el proceso judicial contra Orozco Baeza se encuentra suspendido mientras la Corte Suprema de Justicia resuelve un recurso presentado por su defensa, que cuestiona la jurisdicción del caso.
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El abogado de Ricardo Orozco Baeza, William Pinzón, insistió en la inocencia de su cliente, argumentando que las acusaciones carecen de fundamento. Según Pinzón, el apodo de “el Bendecido” no tiene relación con actividades ilícitas, sino que proviene de un saludo habitual de Orozco Baeza.
“Conozco a mi cliente hace 10 años y nunca había escuchado ese alias de ‘el Bendecido’. Resulta que al hacer la verificación es porque él casi siempre saluda a alguien y le dice: ‘Bendecido, ¿cómo estás?’”, explicó el abogado durante las audiencias iniciales.
A pesar de estas declaraciones, la Fiscalía sostiene que Orozco Baeza desempeñaba un rol central en la red de contrabando, encargándose de coordinar las operaciones logísticas en Buenaventura y de reclutar funcionarios para sobornarlos.
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Según las investigaciones, los sobornos alcanzan los 902 millones de pesos, destinados a garantizar el paso de mercancías ilegales provenientes de Estados Unidos y Asia. Además de Buenaventura, los puertos de Santa Marta y Cartagena también habrían sido utilizados como puntos de entrada para los productos de contrabando.

La magnitud de las operaciones de esta red generó un impacto significativo en el comercio legal y en las instituciones encargadas de la fiscalización en Colombia. Según las autoridades, el contrabando no solo representaba una competencia desleal para los comerciantes legales, sino que también debilitaba la confianza en las instituciones públicas debido a los altos niveles de corrupción involucrados.
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En el desarrollo de las investigaciones, ya han sido capturados dos oficiales vinculados a la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa): el coronel en retiro Alexander Galeano Ardila y el alcalde Mario Andrés Sarmiento. Ambos están señalados por su presunta participación en la red de sobornos que facilitaba las actividades de contrabando. Estos arrestos forman parte de los esfuerzos por desmantelar la estructura criminal que operó durante 38 años bajo el liderazgo de “Papá Pitufo”.
La audiencia de acusación contra “El Bendecido” fue suspendida en septiembre pasado, luego de que sus abogados argumentaron que el caso debía ser trasladado a un juzgado en Cartagena en lugar de Bogotá. La decisión final sobre la competencia territorial del caso está en manos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, el proceso judicial permanece en pausa, lo que ha generado incertidumbre sobre el avance de las investigaciones y la posibilidad de obtener condenas contra los principales responsables de la red.
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Entre tanto, el líder de la organización, Diego Marín, conocido como “Papá Pitufo”, se encuentra en Portugal, donde las autoridades colombianas esperan su deportación para que enfrente los cargos en su contra. Su captura y eventual extradición podrían arrojar más luz sobre el funcionamiento interno de la red y los vínculos con funcionarios públicos y privados.
El caso de “El Bendecido” y la red de contrabando liderada por “Papá Pitufo” pone en evidencia los desafíos que enfrenta Colombia en la lucha contra el contrabando y la corrupción. Las cifras reveladas por la Fiscalía, que incluyen ganancias multimillonarias y sobornos a funcionarios, subrayan la magnitud del problema y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en las instituciones públicas.
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