El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos fue nuevamente suspendido tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, luego de que la defensa del exmandatario interpusiera una acción de tutela argumentando una posible vulneración de su derecho al debido proceso.
Y es que antes de que el tribunal confirmara su decisión, la jueza Sandra Heredia dio inicio a la audiencia correspondiente al 11 de febrero de 2025, pero en medio de la diligencia judicial, la ausencia de la defensa de Uribe llevó a la fiscalía a solicitar la designación de un defensor público, una propuesta que generó controversia.
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La petición de la Fiscalía y el apoyo de la defensa de Iván Cepeda
Durante la sesión, la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela Rodríguez, pidió que se instara a la defensa de Uribe a presentarse y en caso de que no lo hiciera, como sucedió, sugirió que el exmandatario fuera asistido por un defensor de la Defensoría del Pueblo.
“Lamenta la Fiscalía que nuevamente cuando la judicatura toma una decisión en Derecho que no puede gustar a las partes, se torne en un desacato. Señora Juez, mi petición concreta es instar y dar el tiempo que usted considere para que se haga la conexión correspondiente. Si no, pues igualmente le solicito que, a pesar del gran número de abogados que pueda tener el acusado Uribe Vélez, se vaya pensando en solicitar un defensor de la Defensoría del Pueblo”, expresó la fiscal Orjuela.
Esta solicitud fue respaldada por el abogado Reinaldo Villalba, defensa del senador Iván Cepeda, que es parte en el proceso como víctima. que calificó la ausencia de la defensa de Uribe como una maniobra dilatoria que obstruía el curso del juicio.
“Nos encontramos frente a una tutela y sobre todo ante la ausencia de la defensa en este proceso, lo que efectivamente se tiene que traducir en un desacato de una orden judicial. Nos acogemos también a la solicitud de la Fiscalía”, afirmó Villalba.
Uribe no puede tener un defensor público
El abogado penalista Iván Cancino se pronunció sobre el tema a través de un video en TikTok, en el que analizó por qué la solicitud de la Fiscalía no procede en este caso y argumentó que la Defensoría Pública no puede ser utilizada como un mecanismo de reemplazo de la defensa privada.
Cancino destacó tres razones fundamentales:
La Defensoría Pública es solo para quienes no tienen recursos: el abogado recordó que la Defensoría del Pueblo está diseñada para asistir legalmente a personas sin los medios económicos para costear un abogado privado.
En ese sentido, enfatizó que esto ha sido malinterpretado en Colombia y que se debe poner orden en su uso: “Defensor público solo para personas que no tengan recursos. Es absolutamente claro que los tiene”.
No puede ser un reemplazo de la defensa contratada: según explicó Cancino, la Defensoría Pública no actúa como suplente de la defensa contractual de un acusado.
Es decir, no se puede asignar un defensor público a Uribe simplemente porque su defensa no se haya presentado a la audiencia: “La Defensoría pública no es suplente de la defensa contractual ni de ninguna, de tal manera que no se nombra un defensor público por si acaso. Eso es una falta de respeto con la Defensoría pública, con la defensa contractual y con el derecho de defensa”.
Un defensor público necesitaría tiempo para estudiar el caso: finalmente, el abogado explicó que si se llegara a nombrar un defensor público, este tendría que solicitar al menos dos o tres meses para estudiar el expediente, dado que se trata de un proceso complejo:
“Cualquier abogado, público o de oficio que llegue tiene que pedir al menos dos o tres meses para estudiar los procesos de complejidad”.
¿Qué sigue en el proceso?
El Tribunal Superior de Bogotá deberá resolver la acción de tutela interpuesta por la defensa de Uribe, lo que definirá el futuro inmediato del juicio.
Lo que queda claro, según expertos como Iván Cancino, es que la Defensoría del Pueblo no puede ser utilizada en este caso debido a las condiciones del acusado.
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