La reciente declaración del presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de que Colombia asuma los costos de los vuelos de repatriación de migrantes deportados desde Estados Unidos ha generado un amplio debate. La afirmación del mandatario, realizada durante una entrevista con la cadena Univisión, sugiere que el Gobierno colombiano podría enviar sus propios aviones o incluso financiar los viajes de deportación para garantizar un trato digno a los connacionales. Sin embargo, esta propuesta podría tener un impacto financiero significativo para el país.
El diario El Tiempo conoció datos y declaraciones clave que permiten dimensionar el costo real que representaría esta decisión para Colombia, con base en cifras del Departamento de Seguridad Interna de EE. UU., el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
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Según Tom Cartwright, experto en temas migratorios de la organización Testigos en la Frontera, la práctica de vuelos de deportación es común, pero nunca antes un país ha asumido los costos de estos viajes. “No conozco de otro país que haya hecho esto”, afirmó Cartwright al medio citado. Actualmente, Estados Unidos financia estos vuelos como parte de sus políticas migratorias.
Datos recientes revelan que en enero de 2025 se realizaron 12 vuelos de deportación hacia Colombia, lo que representa un incremento del 20% con respecto a meses anteriores. En el transcurso de los últimos 13 meses, se han registrado 138 vuelos hacia el país, una cifra que, aunque inferior a los 139 del 2023, sigue representando una carga operativa considerable. Desde 2022, EE. UU. ha intensificado estos vuelos debido al aumento de migrantes colombianos en la frontera, con más de 450.000 detenidos en los últimos tres años.
El costo de asumir las deportaciones
El costo estimado de cada vuelo de deportación es de aproximadamente 150.000 dólares, considerando un costo de operación de 10.000 dólares por hora de vuelo. Bajo estos parámetros, Estados Unidos ha invertido alrededor de 67 millones de dólares en la repatriación de colombianos en los últimos tres años, lo que representa un promedio anual de 22 millones de dólares.
Si Colombia decide asumir este gasto, deberá destinar al menos esta cantidad cada año para continuar con la frecuencia actual de vuelos de deportación. Sin embargo, hay un factor adicional que podría aumentar la carga financiera: la administración de Donald Trump ha mostrado interés en incrementar la frecuencia de estos vuelos, lo que elevaría significativamente la factura final.
Pero el escenario podría ser aún más costoso si se considera la totalidad de la población indocumentada colombiana en EE. UU. Según el Instituto para las Políticas Migratorias (MPI), en 2023 había alrededor de 350.000 colombianos en situación irregular, cifra que ha aumentado con los 135.000 que ingresaron en 2024. En total, cerca de 450.000 colombianos podrían estar en proceso de deportación.
Para repatriar a los 100.000 connacionales que ya están en la lista de expulsiones, se necesitarían aproximadamente 800 vuelos, con un costo estimado de 120 millones de dólares. Si la deportación se extendiera a toda la población indocumentada, serían necesarios al menos 3.600 vuelos, lo que representaría un gasto de hasta 540 millones de dólares.
En un contexto de restricciones fiscales, asumir estos costos representaría un desafío considerable para el Gobierno colombiano. La situación también plantea interrogantes sobre la logística y la infraestructura necesaria para recibir y reintegrar a los deportados en Colombia, así como el impacto social y económico que ello podría generar.
Alternativas y propuestas en negociación
A pesar de que la propuesta de Petro no ha sido formalmente presentada al Gobierno estadounidense, se sabe que hay una negociación en curso y que Colombia prepara una oferta que podría ser discutida en una próxima visita de la canciller Laura Sarabia a Washington.
Entretanto, Estados Unidos también explora otras estrategias para gestionar la crisis migratoria, una de ellas es la firma de acuerdos con terceros países para redirigir a los deportados a otras naciones. De hecho, el secretario de Estado Marco Rubio ha liderado conversaciones con países centroamericanos con el objetivo de establecer centros de acogida para migrantes expulsados.
Lo que es claro es que cualquier decisión que tome Colombia en este asunto tendrá repercusiones económicas y políticas de gran magnitud. Mientras el gobierno define su postura, la incertidumbre persiste sobre cómo se manejará el futuro de miles de colombianos en situación irregular en Estados Unidos.
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