Nicolás Petro no ha podido conseguir trabajo, según su defensa: “Se encuentra colapsado en su proyecto de vida”

La medida de aseguramiento impuesta al hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Fernando Petro Burgos, establece que el procesado no puede salir de Barranquilla (Atlántico) mientras avanzan las investigaciones en su contra y se define su situación jurídica. El exdiputado de la Asamblea Departamental del Atlántico fue acusado formalmente por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, luego de que se evidenciara un aumento irregular e injustificado en su patrimonio en más de $1.053 millones.

La defensa del hijo del primer mandatario está buscando que se revoque la medida de aseguramiento con la que fue cobijado Petro Burgos, bajo el argumento de que tanto él como su familia están siendo víctimas de amenazas de muerte. En ese sentido, el abogado Alejandro Carranza, que representa los intereses del acusado, puso sobre la mesa dos posibilidades de aseguramiento para que el juez 13 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla las tenga en consideración.

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De acuerdo con el abogado defensor, en aras de garantizar la seguridad de su cliente, se podría limitar su movilidad únicamente en el exterior, es decir, impidiendo su salida del país, siempre y cuando se presente de manera periódica ante las autoridades judiciales. Otra de las opciones que expuso es todavía más permisiva: concederle la libertad total.

La búsqueda de trabajo de Nicolás Petro: otra posible causal de revocatoria

Pero, además de los riesgos que estaría corriendo por cuenta de las amenazas, hay otra razón por la cual la defensa insistió en la necesidad de revocar la medida de aseguramiento en su contra: la búsqueda de empleo. Según detalló el profesional en Derecho en la audiencia del 5 de febrero de 2025 ante el juez 13 Penal Municipal, Nicolás Petro no ha podido encontrar trabajo y, en consecuencia, podría tener mayores posibilidades de emplearse en otras ciudades del país.

Teniendo en cuenta que el exdiputado es profesional en Derecho, podría ofrecer sus servicios en relación con la materia, sin que eso implique tener alguna vinculación laboral con alguna entidad estatal. “Tiene las capacidades para buscar trabajo como abogado, como asesor, alejado de la política, tiene un impedimento natural para trabajar en cualquier entidad del Estado o con cualquier entidad que tenga contratos con el Estado”, explicó el abogado.

Según Carranza, una de las alternativas que tendría para trabajar es el instituto de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano Lulopy S.A.S., que está ubicado en Spaces Nogal en Bogotá. Otra de sus opciones está en la empresa Joromage S.A.S., ubicada en el Parque Industrial San Jerónimo de Montería (Córdoba).

Las posibilidades de emplearse fuera de Barranquilla fueron tomadas en cuenta porque la ciudad tiene una tendencia política de oposición que dificulta todavía más su vinculación laboral. “Se encuentra absolutamente colapsado en su proyecto de vida, así es que se han recibido, inclusive, algunas ofertas de trabajo, pero no le permiten el trabajo virtual porque requiere de una movilidad a diferentes lugares o sitios”, detalló.

Sumado a esto, de acuerdo con un documento que presentó en la audiencia, la esposa del procesado, Laura Andrea Ojeda Estupiñán, también abogada, tampoco ha podido contar con un trabajo estable y formal por la estigmatización y el rechazo del que está siendo víctima por la investigación que cursa en contra del hijo del presidente.

Teniendo en cuenta este panorama, el abogado defensor aseguró que no considera que sea necesario mantener vigente la medida de aseguramiento. Así las cosas, su solicitud será resuelta el jueves 20 de febrero de 2025, fecha en la que se llevará a cabo la audiencia de revocatoria.