Juez de garantías ordenó cárcel para Diego Marín Buitrago alias Papá Pitufo; sin embargo, el ‘zar del contrabando’ sigue sin ser extraditado de Portugal

Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de Papá Pitufo, y señalado de ser el líder de una red de contrabando en Colombia, recibió una medida de aseguramiento en centro carcelario por parte de la juez 48 de garantías de Bogotá.

Esta decisión representa un paso clave en el proceso judicial contra Marín, que actualmente se encuentra detenido en Portugal a la espera de su extradición.

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La Fiscalía General de la Nación lo acusa de ser el cabecilla de una organización dedicada al ingreso de mercancías ilegales al país y al soborno de funcionarios públicos.

“La Fiscalía General de la Nación presentó argumentos y elementos materiales probatorios que dan cuenta de que Diego Marín Buitrago, alias Hugo, sería el cabecilla de una red delincuencial señalada de ingresar mercancía de contrabando por los puertos de país, y de pagar a funcionarios para facilitar su actuar ilegal”, dice el comunicado expedido por el ente acusador.

De acuerdo con la Fiscalía, Marín habría liderado una estructura criminal que operaba en los puertos de Buenaventura y Cartagena, facilitando la entrada de productos como cigarrillos, licores, textiles y otros bienes de contrabando.

Para garantizar el éxito de estas operaciones, se señala que ofrecían sobornos a miembros de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) , quienes, a cambio, permitían el ingreso de los cargamentos sin mayores controles. El juez demostró que existen pruebas suficientes para vincular a Marín con los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer, aunque aclaró que la Fiscalía no logró demostrar cómo su libertad podría obstruir el curso de la justicia.

Según detalló el ente acusador, Marín no solo lideraba la organización, sino que también se encargaba de reclutar y cooptar a funcionarios públicos para que colaboraran con las actividades ilícitas. Durante las audiencias, se presentó evidencia de que Marín habría participado directamente en al menos cuatro reuniones entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, en las que entregó sobornos que incluían dinero en efectivo, celulares de alta gama y otros beneficios.

Además, se le atribuye la organización de otros 17 encuentros en los que se ofrecieron prebendas como el pago de arriendos, vehículos y sumas millonarias de dinero.

La Fiscalía logró infiltrarse en cuatro agentes encubiertos en la red criminal, que documentaron cómo operaba la estructura. En solo cinco meses, los agentes recibieron sobornos por un total de 1.000 millones de pesos, entregados de manera controlada por los integrantes de la organización.

Entre los implicados en la red también figuran otros nombres destacados, como Ricardo Orozco Baeza, alias el Bendecido, conocido como el zar del contrabando; Juan Francisco Solano Barrero, alias Pacho o Millo, señalado como el zar de los cigarrillos; y varios oficiales de la Polfa, entre ellos el mayor Mario Andrés Sarmiento Rojas y el coronel retirado Alexander Galeano Ardila.

La captura y el proceso de extradición desde Portugal

Marín fue detenido en Portugal el 3 de diciembre de 2024, un hecho que el Gobierno colombiano celebró como un avance significativo en la lucha contra el contrabando. Sin embargo, su extradición a Colombia se ha visto retrasada debido a procedimientos legales y la estrategia de su defensa, que argumentaba que era necesario que su situación jurídica estuviera definida antes de que se hiciera efectiva la solicitud de extradición. Con la reciente decisión de la juez 48 de garantías, este obstáculo al parecer fue superado.

Cambio informó que el Ministerio de Justicia de Portugal dijo que se podía dar trámite a la solicitud de extradición presentada por Colombia, era al determinar que los delitos imputados a Marín también son punibles bajo la legislación portuguesa.

La solicitud se realizó bajo el principio de reciprocidad, dado que no existe un tratado de extradición vigente entre ambos países. Según la Fiscalía, los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por los que se acusa a Marín podrían acarrear penas de hasta 27 años y 9 años de prisión, respectivamente.

Aunque el aval del Ministerio de Justicia portugués representa un avance, el proceso de extradición aún debe pasar por una etapa judicial en la que la Fiscalía colombiana y la defensa de Marín presentarán sus argumentos ante el Tribunal Superior de Portugal.

Este procedimiento podría prolongar el regreso de Marín a Colombia, aunque el ente investigador de nuestro país confía en que el caso se resolverá a su favor, tal como ocurrió en un proceso similar en España. En esa ocasión, las autoridades españolas aprobaron la extradición de Marín, pero este logró evadirla al trasladarse a Portugal.

Con la medida de aseguramiento dictada y los avances en el proceso de extradición, las autoridades colombianas esperan que este caso sienta un precedente en la lucha contra el contrabando y la corrupción. Sin embargo, el fallo final dependerá de los próximos pasos en el proceso judicial en Portugal y de la capacidad de la Fiscalía para sostener sus acusaciones en los tribunales colombianos.