La Fiscalía General de la Nación anunció que pedirá la preclusión de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta implicación en interceptaciones ilegales realizadas durante el proceso de paz entre el Estado colombiano y las extintas Farc. Según informó el ente investigador, tras nueve años de indagaciones, no se encontraron pruebas concluyentes que vinculen al exmandatario con estas actividades ilícitas. La audiencia, que estaba programada inicialmente para el 5 de febrero, será reprogramada a solicitud de la fiscal encargada del caso.
El caso, que ha generado gran atención mediática y política en Colombia, se remonta al año 2014, cuando se reveló la existencia de una oficina clandestina de inteligencia militar conocida como “Andrómeda”. Desde esta instalación, se habrían interceptado comunicaciones de los negociadores del proceso de paz en La Habana, entre ellos Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del gobierno, y Sergio Jaramillo, que en ese momento era el alto comisionado para la paz. Según la Fiscalía, estas acciones buscaban influir en las conversaciones de paz que se llevaban a cabo en Cuba.
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Uno de los principales involucrados en este escándalo fue el hacker Andrés Sepúlveda, que fue condenado a 10 años de prisión por delitos relacionados con espionaje, acceso abusivo a sistemas informáticos y violación de datos personales. Sepúlveda aseguró que había realizado interceptaciones ilegales con el objetivo de afectar el proceso de paz y favorecer la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014. Además, afirmó que sus actividades contaban con el respaldo de sectores cercanos al uribismo, lo que generó especulaciones sobre la posible implicación de altos funcionarios, incluido el expresidente Uribe.
Sin embargo, según detalló el organismo judicial, las investigaciones no lograron establecer una conexión directa entre Uribe y las interceptaciones ilegales. De hecho, otros involucrados en casos relacionados, como Óscar Iván Zuluaga, su hijo David Zuluaga y el asesor espiritual de la campaña presidencial de 2014, fueron exonerados de responsabilidad tras no encontrarse pruebas en su contra.
El proceso judicial y la solicitud de preclusión
El proceso judicial contra Álvaro Uribe comenzó en la Corte Suprema de Justicia, pero posteriormente pasó a manos de la Fiscalía General de la Nación. En este contexto, el ente investigador argumentó que no existen elementos probatorios suficientes para continuar con la investigación por el delito de acceso abusivo a un sistema informático, por lo que solicitará la preclusión del caso ante el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá.
La audiencia en la que se presentará esta solicitud estaba prevista para el 5 de febrero, pero fue aplazada a petición de la fiscal encargada, que solicitó más tiempo para preparar la diligencia. Según la Fiscalía, esta decisión busca garantizar que todos los aspectos del caso sean debidamente revisados antes de presentar la solicitud formal de preclusión.
El caso de las presuntas interceptaciones ilegales ha sido uno de los episodios más polémicos en la trayectoria política del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que ha enfrentado múltiples investigaciones judiciales desde que dejó la Presidencia en 2010. Aunque este proceso en particular parece estar cerca de cerrarse, deja un impacto significativo en el debate público sobre el uso de herramientas de espionaje y la influencia de actores políticos en procesos de paz.
La decisión final sobre la preclusión estará en manos del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, que deberá evaluar los argumentos presentados por el ente acusador y determinar si existen méritos para continuar con la investigación o si, por el contrario, se cierra definitivamente el caso contra el expresidente Álvaro Uribe.
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