Presidente de Panamá se mostró de acuerdo con Petro en un trato digno para los migrantes, pero con algunas excepciones: “No pueden subirse a un avión sin esposas”

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, abordó la postura de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, respecto a la política migratoria y las condiciones de deportación de ciudadanos latinoamericanos desde Estados Unidos. Durante una rueda de prensa, ante la pregunta del medio nacional Blu Radio, el mandatario panameño indicó que coincide parcialmente con la visión de Petro, aunque señaló la necesidad de diferenciar entre migrantes regulares y aquellos con antecedentes penales.

Las declaraciones de Mulino se dan en un contexto de tensiones entre Colombia y Estados Unidos tras la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de endurecer las deportaciones de migrantes latinoamericanos. Petro es un crítico recurrente de las políticas migratorias del republicano, especialmente tras sus declaraciones en las que calificó a los migrantes como “asesinos” y “capos”. Frente a esta situación, el mandatario colombiano se ha mantenido firme en la defensa de un trato digno para los migrantes que sean deportados desde territorio estadounidense.

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“Bueno, en términos generales yo creo que tiene razón, pero ahí hay mucho delincuente con prontuario que no puede subirse a un avión sin esposas. Ustedes han visto películas al respecto, así que yo creo que una cosa es el común y corriente inmigrante que viene buscando mejores días, y otra es una persona que tiene un prontuario penal que cubrir o que ocultar y que no se puede transportar ahí con las manos abiertas en un avión, sobre todo un avión que lleva mucha gente, ¿no?”, manifestó el jefe de Estado panameño.

Mulino reconoció que existe una preocupación válida respecto a las condiciones en que se ejecutan las deportaciones, pero enfatizó la necesidad de garantizar la seguridad en el proceso.

El presidente panameño también reiteró que la soberanía de Panamá no está en discusión, en referencia a su reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Durante dicho encuentro, Mulino destacó la importancia de la cooperación internacional en materia de migración, pero aclaró que su país no aceptará presiones que vulneren sus intereses nacionales.

Deportación masiva de migrantes colombianos: confusión y proceso costoso

Luego de que varios medios de comunicación en Colombia informaron sobre la posible deportación de miles de colombianos desde Estados Unidos, Caracol Radio tuvo acceso a un documento oficial del Servicio de Aduanas y Migración (ICE) que aclaró que estos migrantes no necesariamente serán deportados de inmediato. El informe de noviembre de 2024 reveló que hay 27.388 colombianos en el expediente con órdenes finales de expulsión, pero algunos pueden estar protegidos por medidas como el asilo o la suspensión de deportación.

El proceso de deportación, sin embargo, podría ser largo. Bajo la política de Catch and Release (Captura y liberación, en español) de la administración Joe Biden, muchos migrantes han sido liberados mientras esperan sus audiencias, lo que dificulta su localización. Si se llegara a deportar a los 27.388 colombianos, el proceso podría tardar más de seis meses debido a la capacidad limitada de los vuelos de deportación.

Cada vuelo de deportación tiene un costo significativo. Según la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), los tres primeros vuelos de deportados costaron aproximadamente 733 millones de pesos colombianos cada uno. Si Colombia decidiera aceptar la deportación de todos los colombianos con orden de expulsión, el costo ascendería a más de 200.000 millones de pesos (más de USD 48 millones).

Por su parte, si Estados Unidos se hace cargo de los costos, el gasto sería aún mayor; los aviones militares destinados a la repatriación de migrantes pueden costar entre 816.000 y 852.000 dólares por vuelo.

A pesar de los altos costos y la complejidad logística, Tom Homan, el nuevo “zar de la frontera” de EE. UU., indicó que la administración necesitará un presupuesto de al menos 86.000 millones de dólares para implementar la deportación masiva de migrantes.