Camilo Romero, embajador de Colombia en Argentina, resultó salpicado en el escándalo de corrupción de la Ungrd

Un entramado de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) ha puesto en el centro de la polémica al actual embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, quien también ha manifestado su intención de aspirar a la presidencia en una coalición de izquierda.

El nombre de Romero ha sido mencionado por Pedro Rodríguez, exasesor jurídico de la Ungrd y pieza clave en la estructura de corrupción que desvió millonarios recursos de la entidad. Rodríguez, quien busca un principio de oportunidad con la Fiscalía, ha señalado directamente al diplomático como parte del esquema, según lo dio a conocer Semana.

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Rodríguez ha proporcionado información detallada sobre el saqueo de recursos públicos en la Ungrd, en el que se habrían beneficiado congresistas y otros funcionarios.

En sus declaraciones, el exasesor aseguró tener pruebas que vinculan a Romero con este caso. Aunque los detalles específicos de la presunta participación del embajador serán revelados en una audiencia, la Fiscalía considera que estas pruebas serán fundamentales para avanzar en el caso y validar el principio de oportunidad solicitado por Rodríguez.

El vínculo entre Camilo Romero y Pedro Rodríguez no es reciente. Según la información publicada por el medio mencionado, ambos trabajaron juntos durante la gobernación de Romero en el departamento de Nariño, donde Rodríguez ocupó el cargo de jefe de la oficina jurídica entre enero de 2016 y febrero de 2019.

Además, el medio reveló chats en los que Romero habría recomendado a Rodríguez para un cargo en la Ungrd, específicamente al entonces director de la entidad, Olmedo López, quien actualmente se encuentra detenido en una guarnición militar.

Rodríguez, quien ha sido señalado como el arquitecto del esquema de corrupción en la Ungrd, habría recibido 1.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente 250.000 dólares) por su participación ilícita. En un intento por colaborar con la justicia, ya ha consignado 500 millones de pesos y se comprometió a devolver el resto en un plazo de dos años, respaldando la deuda con un lote avaluado en 950 millones de pesos ubicado en Tabio.

Además de las acusaciones relacionadas con la Ungrd, Pedro Rodríguez ha ofrecido colaborar en otro caso que involucra a Camilo Romero. Se trata de un proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en una licitación para la venta de aguardiente durante la gobernación de Romero en Nariño. Rodríguez se ha comprometido a testificar en este juicio, lo que podría complicar aún más la situación jurídica del embajador.

En su matriz de colaboración, Rodríguez también ha señalado a otros funcionarios y particulares que habrían participado en el desvío de recursos de la Ungrd. Según el medio, la Fiscalía está evaluando esta información para abrir nuevas líneas de investigación.

Mientras tanto, Rodríguez permanece detenido en la cárcel La Picota, desde donde ha solicitado ser trasladado a Pasto, en el departamento de Nariño, argumentando razones de seguridad y cercanía con su familia. En el marco de su colaboración con la justicia, Pedro Rodríguez ha aceptado su responsabilidad en varios delitos, incluyendo concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.

Como parte del preacuerdo con la Fiscalía, se comprometió a cumplir una pena de cuatro años de prisión, lo que podría permitirle acceder a detención domiciliaria tras cumplir parte de la condena. Además, busca que se le retiren los cargos de celebración indebida de contratos y falsedad ideológica, en el marco del principio de oportunidad.

Según Semana, la Corte Suprema de Justicia está avanzando en una investigación paralela que apunta a congresistas de la Comisión de Crédito Público, quienes habrían recibido contratos millonarios a cambio de aprobar empréstitos requeridos por el gobierno.

En el marco de las investigaciones, la Corte Suprema ha ordenado un levantamiento topográfico de la Casa de Nariño y el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de reconstruir los movimientos y reuniones relacionadas con el caso. Según documentos obtenidos por el medio ya mencionado, este análisis incluye planos detallados de entradas, salidas, corredores y oficinas, así como la disposición de cámaras de videovigilancia en ambos lugares.

El levantamiento en el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, abarcó desde la oficina del entonces ministro Ricardo Bonilla hasta las áreas de sus viceministros y la sala de espera del despacho. Este análisis busca contrastar las versiones ofrecidas por Olmedo López, quien ha señalado que en estos espacios se llevaron a cabo reuniones clave para coordinar las operaciones ilícitas que hoy lo tienen detenido.