En un nuevo episodio de controversias en redes sociales, la reconocida influenciadora uribista Natalia Bedoya arremetió contra la creadora de contenido Julieta Martínez, conocida como la “influencer de Petro”, por un contrato que esta última mantiene con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
A través de su cuenta en X, Bedoya cuestionó la idoneidad de Martínez para ocupar dicho cargo, lanzando una dura pulla: “¿Qué tipo de desastres podría manejar una bachiller con experiencia exclusiva en OnlyFans?”.
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Julieta Martínez, cuyo usuario en X es Julieta MM, se describe como ingeniera industrial, auditora HSEQ y estudiante de una especialización en Gerencia de Proyectos. Sin embargo, su activismo digital en favor del presidente Gustavo Petro y su presencia en OnlyFans despertaron una ola de cuestionamientos por el contrato que sostiene con la Ungrd.
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Martínez defendió su posición, argumentando que se trata de un trabajo legítimo y mencionó que, además de su labor profesional, es madre de un niño con autismo. Sus declaraciones, sin embargo, no detuvieron la polémica y atrajeron la atención de periodistas como Diana Saray Giraldo, de Caracol Radio, y el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, un férreo opositor del Gobierno Petro.
Natalia Bedoya, bajo la lupa a pesar de sus declaraciones
La crítica de Natalia Bedoya no tardó en generar reacciones, pero no solo en contra de Julieta Martínez. El congresista opositor David Ricardo Racero Mayorca sacó a la luz documentos que detallan los contratos de Bedoya con diversas entidades estatales, poniendo en entredicho su autoridad moral para cuestionar a Martínez.
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Según Racero, Bedoya recibe más de 20 millones de pesos al mes por contratos con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y la Gobernación del Valle. Entre las cifras reveladas, se encuentran pagos de 4.214.245 pesos en marzo y 9.047.819 pesos en abril por parte del Ministerio del Interior. Adicionalmente, el Ministerio de Justicia le otorgó contratos por 5.759.341 pesos en marzo y 9.047.819 pesos en abril.
Racero criticó duramente estos pagos, señalando que “Iván Duque le paga más de 20 millones mensuales a una persona que ha demostrado deficiente capacidad de ejecutar adecuadamente sus contratos”. Además, destacó que estas erogaciones se han realizado en medio de una crisis económica que afecta a miles de ciudadanos.
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La controversia no solo se centra en los contratos de Julieta Martínez y Natalia Bedoya, sino en el fenómeno creciente de influenciadores que reciben pagos del estado por sus labores de comunicación digital. Para algunos analistas, este tipo de contratación es cuestionable, independientemente del espectro político en el que se ubiquen los beneficiarios.
El debate ha trascendido el ámbito de las redes sociales y ha abierto una discusión sobre la transparencia en la asignación de recursos públicos. Mientras los seguidores de Bedoya respaldan sus señalamientos contra Martínez, sus críticos argumentan que ella misma se ha beneficiado de contratos estatales de gran magnitud. Por otro lado, defensores de Martínez han indicado que su trabajo en redes es tan válido como cualquier otro y que la polémica obedece más a un ataque ideológico que a una verdadera preocupación por la ética en el uso de los recursos públicos.
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El caso de Natalia Bedoya y Julieta Martínez es solo una muestra de la creciente importancia de los influenciadores en la política colombiana. Su capacidad para generar opinión y moldear narrativas públicas los ha convertido en piezas clave dentro de las estrategias de comunicación de los distintos gobiernos. Sin embargo, la falta de claridad en la contratación de estos personajes sigue siendo un tema pendiente de regulación y fiscalización.
A medida que la controversia sigue en el centro del debate, queda la pregunta: ¿es legítimo que influenciadores políticos reciban contratos estatales? Y si lo es, ¿cuáles deberían ser los criterios para garantizar la transparencia en estos procesos?
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Lo cierto es que, por ahora, el choque entre ambas influenciadoras ha avivado un debate que no parece tener una pronta resolución.
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