Defensoría del Pueblo habló de los colombianos deportados: “Tramitaremos las quejas que existan por vulneración de derechos humanos”

En la jornada del 28 de enero, la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre el protocolo de atención institucional a los 201 colombianos que sean deportados desde Estados Unidos por no tener sus papeles en regla.

La entidad que preside Iris Marín señaló que se hará exhaustivo seguimiento a las denuncias que se hagan sobre posibles violaciones a los derechos humanos.

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“En cumplimiento de nuestro deber de orientar y asesorar a colombianos y colombianas en el exterior, la Defensoría del Pueblo acompaña la recepción y atención de los y las connacionales deportados a Colombia desde los Estados Unidos. Supervisaremos la garantías de los derechos humanos por parte de todas las autoridades, y tomaremos y tramitaremos las quejas que puedan existir por vulneraciones a DDHH o situaciones irregulares”, se lee en un post publicado en la cuenta de X de la Defensoría.

Colombianos deportados regresaron a Colombia

En medio de las tensiones diplomáticas recientes entre Colombia y Estados Unidos, 201 colombianos fueron deportados este martes y arribaron al país en dos vuelos procedentes de Texas y California. Este traslado se realizó como parte de un acuerdo bilateral alcanzado tras un periodo de tensión entre ambos gobiernos.

El primer vuelo, proveniente de El Paso, Texas, transportó a 91 personas, divididas en 46 hombres y 45 mujeres. Por su parte, el segundo vuelo, que llegó desde San Diego, California, trajo a 62 hombres, 32 mujeres y 16 menores de edad. Las autoridades colombianas coordinaron la recepción de los deportados, contando con el apoyo de instituciones como la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), Migración Colombia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

En el caso del primer vuelo, el Consulado de Colombia en Houston proporcionó asistencia a los connacionales antes de su partida, incluyendo apoyo alimentario y jurídico. Martha Hernández, directora encargada de Migración Colombia, destacó que todos los deportados llegaron en buen estado de salud y sin antecedentes judiciales pendientes. Además, subrayó que ninguno de ellos fue esposado durante el traslado.

El gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro, ha anunciado que está trabajando en estrategias para garantizar la atención integral de los deportados. Mientras tanto, testimonios de algunos de los afectados, como José Montaña, han puesto de relieve las condiciones adversas que enfrentaron durante su detención en Estados Unidos.

Montaña relató su experiencia al cruzar ilegalmente la frontera con la intención de solicitar asilo debido a una situación de violencia en su lugar de origen. Según su versión, fue detenido sin explicaciones claras y sometido a tratos que calificó como “inhumanos”, incluyendo el uso de grilletes en pies, manos y cintura. También denunció que fue obligado a firmar documentos sin comprender su contenido.

Ante estas situaciones, la Cancillería colombiana reafirmó su compromiso de proteger los derechos de los connacionales y garantizar su bienestar. Este arribo se da en el contexto de una reciente crisis diplomática, iniciada cuando el presidente Petro rechazó la llegada de dos aviones de deportación de Estados Unidos, argumentando la necesidad de un trato digno hacia los migrantes.

La negativa del gobierno colombiano generó una fuerte reacción por parte de la administración de Donald Trump, que amenazó con imponer sanciones económicas a las exportaciones colombianas, cerrar la oficina de visas en Bogotá y revocar visados a miembros del gobierno y sus aliados. Sin embargo, tras intensas negociaciones, las partes lograron alcanzar un acuerdo. Washington confirmó que Colombia aceptó los términos propuestos, incluyendo la repatriación de sus deportados bajo condiciones más humanas y sin el uso de cadenas o esposas.

Este episodio subraya los desafíos que enfrentan los migrantes y la importancia de una gestión diplomática que permita resolver tensiones entre países aliados, mientras se priorizan los derechos humanos y la dignidad de las personas afectadas.