Hernán Cadavid propone veeduría para evitar desfalcos en recursos destinados al Catatumbo por la conmoción interior

El presidente Gustavo Petro decretó el estado de conmoción interior en varias regiones del país como respuesta a la crítica situación de seguridad que afecta a sectores específicos. Entre las zonas incluidas en esta medida excepcional se encuentran el Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González, en Cesar, donde el orden público enfrenta desafíos significativos.

Sin embargo, la medida a despertado suspicacias en algunos sectores de la oposición. Tal fue el caso del representante a la Cámara del Centro Democrático, Hernán Cadavid quien en medio de una entrevista en revista Semana dijo que propondría una veeduría, para, según sus palabras, cuidar el dinero que se mueva para esta zona del país durante la conmoción interior.

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El representante a la Cámara Hernán Cadavid sugirió la implementación de un mecanismo de vigilancia destinado a supervisar los recursos que se destinarán a la región del Catatumbo durante la vigencia del decreto de conmoción interior. Según lo planteado, la propuesta busca garantizar que los fondos asignados cumplan con su propósito y prevenir posibles irregularidades o desvíos, tomando como referencia casos previos de mal manejo de recursos públicos en otras regiones del país.

“Propongo la creación de una veeduría, para cuidar la plata que moverán en el Catatumbo en el marco de la conmoción interior y que no termine en otro robo como el de la Guajira / Carrotanques”, dijo en su publicación de X.

Y es que, dicha propuesta surgió en una entrevista que le hicieron en revista Semana en la que también habían otras personalidad políticas como la también representante Jennifer Pedraza. El congresista Cadavid compartió el video en su cuenta de X.

En el material audiovisual comentó que: “El gobierno no puede permitir un solo caso de corrupción en una circunstancia como esta, ya que esto se convertiría en una revictimización para la región del Catatumbo. Por ello, le pediría al gobierno nacional que invite a la Defensoría del Pueblo y a los organismos de control a acompañar y vigilar, además de hacer públicos cada uno de los movimientos contractuales dirigidos a conjurar la crisis en el Catatumbo”.

Cadavid de igual manera planteó la necesidad de que el Congreso de la República cree una comisión encargada de supervisar los recursos y las ejecuciones en el Catatumbo, destacando que esta región, al igual que ninguna otra en Colombia, puede permitirse un nuevo escándalo de corrupción, especialmente en las complejas circunstancias actuales. Recordó que el país aún enfrenta las repercusiones del manejo irregular de recursos en La Guajira, por lo que insistió en que todas las acciones en el Catatumbo deben ser monitoreadas con transparencia y rigor.

Sin embargo, esta no es la única publicación reciente de Hernán Cadavid hablando del tema. En su otro mensaje comentó que: “El más grande desplazamiento en la historia de Colombia sucedió en la política de “paz total” de @petrogustavo que en realidad es un fracaso total Una vez más queda demostrado que NO hay mayor garantía de paz que la seguridad”.

Y es que, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la gravedad del desplazamiento forzado masivo que afecta al Catatumbo, en Norte de Santander, una región golpeada por la persistente violencia y una compleja crisis humanitaria. Según la entidad, este fenómeno podría convertirse en el mayor desplazamiento registrado en un solo evento desde que comenzaron los reportes institucionales en 1997, lo que evidencia la magnitud de la emergencia que vive esta zona del país.

En medio de la creciente violencia en Norte de Santander, cerca de 38.695 personas han sido forzadas a abandonar sus hogares, lo que ha intensificado la necesidad de habilitar un corredor humanitario que permita brindar asistencia tanto a las comunidades desplazadas como a aquellas que permanecen confinadas debido a los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias. La situación refleja el impacto directo del conflicto armado en las poblaciones más vulnerables de la región.