Gustavo Petro enviaría avión presidencial a Estados Unidos para recoger a migrantes deportados

Tras las fuertes críticas al Gobierno nacional por decisión del presidente Gustavo Petro de prohibir la llegada de dos vuelos desde Estados Unidos con 160 migrantes colombianos, en la tarde de este domingo 26 enero, la designada canciller Laura Sarabia comunicó que ya se está trabajando para garantizar el trato digno a los connacionales.

Según informó en su cuenta de X, el primer mandatario estudia la posibilidad de enviar el avión presidencial para traer de vuelta a los migrantes colombianos, mientras permanecen recluidos en un centro de California.

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“El Gobierno de Colombia, bajo la dirección del presidente Gustavo Petro, ha dispuesto el avión presidencial para facilitar el retorno digno de los connacionales que iban a llegar hoy al país en horas de la mañana, provenientes de vuelos de deportación”, señaló la Presidencia en un comunicado oficial.

Asimismo, el Ejecutivo señaló que esta acción hace parte del esfuerzo del Gobierno para por proteger los derechos humanos de los migrantes y fortalecer la cooperación regional en materia migratoria.

Según el comunicado oficial, esta medida busca asegurar que ningún colombiano sea tratado como un desterrado. El Gobierno enfatizó que los connacionales son “patriotas y sujetos de derechos”, y que su retorno al país debe realizarse en condiciones que respeten su integridad.

Además, se anunció la creación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) sobre migración, en el que participarán representantes de la Defensoría del Pueblo, la Cancillería y la Presidencia de la República. Este espacio tiene como objetivo revisar y establecer protocolos que garanticen un trato digno a los colombianos deportados, asegurando que los procedimientos respeten los estándares de derechos humanos.

“Este espacio tiene como objetivo establecer y revisar protocolos que aseguren el trato digno de los colombianos deportados, garantizando que los procedimientos respeten los derechos humanos y la integridad de cada persona”, señaló la Presidencia.

En paralelo, el Gobierno anunció que mantiene conversaciones activas con el gobierno de los Estados Unidos. Estas negociaciones buscan establecer acuerdos que garanticen condiciones mínimas de respeto y trato digno para los colombianos durante los procesos de deportación.

Según el comunicado, el objetivo es que los compatriotas sean reconocidos como sujetos de derechos en todas las etapas de estos procedimientos.

“El Gobierno de Colombia mantiene conversaciones activas con el Gobierno de los Estados Unidos, buscando acuerdos que aseguren condiciones mínimas de respeto y trato digno para los compatriotas durante los procesos de deportación, reconociéndolos como sujetos de derechos”, señala el documento.

Por parte, Laura Sarabia se refirió a las críticas que ha recibido el Gobierno nacional por negarle a los colombianos en proceso de deportación la oportunidad de regresar a su país.

Según informó, el propósito del Ejecutivo no es otro que garantizar sus derechos como migrantes y un trato justo en medio del trámite adelantado por los Estados Unidos.

“De ninguna manera los colombianos, compatriotas y sujetos de derechos, han sido ni serán desterrados del territorio colombiano”, señaló la mano derecha del presidente.

Asimismo, el Ejecutivo informó que el presidente Petro también participará en la Asamblea Extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se llevará a cabo el próximo 30 de enero.

Este encuentro, convocado bajo la presidencia de Honduras, se centrará en abordar desafíos estratégicos para la región, con especial énfasis en la migración, la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de las relaciones entre los países miembros.

Según el comunicado, el Gobierno colombiano ha sostenido conversaciones con Honduras, país que actualmente ocupa la presidencia de la Celac, con el fin de promover un enfoque regional frente a los desafíos migratorios.

Entre los temas que se discutirán en la cumbre se encuentran la cooperación en materia de migración, la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de las relaciones entre los países miembros.