Fiscalía imputó cargos a exfuncionarias de la alcaldía de Daniel Quintero por presunto desfalco de más de 1.400 millones de pesos

Un esquema de presunta corrupción que habría desviado más de 1.400 millones de pesos de recursos públicos en Medellín entre 2020 y 2021 ha llevado a la Fiscalía General de la Nación a imputar cargos contra dos exfuncionarias de la administración del entonces alcalde Daniel Quintero.

Las acusadas, Laura María Mejía Higuita y Viviana del Valle Velásquez, desempeñaron roles clave en la Unidad de Compras de Metroparques y en la supervisión de contratos, respectivamente, y habrían facilitado la apropiación indebida de estos fondos mediante sobrecostos en contratos interadministrativos, según lo dio a conocer Semana.

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De acuerdo con la Fiscalía, los contratos bajo investigación incluyen el contrato 961, destinado al mantenimiento y reparación de una atracción acuática conocida como “revolcones”, con un sobrecosto estimado en 1.183 millones de pesos; el contrato 288, relacionado con la adquisición de insumos de bioseguridad y herramientas, con un sobrecosto de 244 millones de pesos; y el contrato 551, para la compra de materiales, con un sobrecosto de 36 millones de pesos.

Estos contratos fueron firmados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) y Metroparques, y posteriormente adjudicados a empresas privadas. Según el ente acusador, las irregularidades habrían permitido la apropiación de un total de 1.465 millones de pesos entre abril de 2021 y diciembre de 2022.

La Fiscalía señaló que Laura María Mejía Higuita, como supervisora de los contratos, habría elaborado informes sin realizar las verificaciones necesarias, lo que permitió la legalización de pagos a favor de la empresa Comercializadora Jpino S. A. S., una de las principales beneficiarias de los contratos investigados. Por su parte, Viviana del Valle Velásquez habría aceptado cotizaciones y firmado órdenes de compra en el contrato 288, acciones que, según la Fiscalía, fueron esenciales para la consumación del presunto desfalco.

El ente acusador destacó que ambas exfuncionarias, en su calidad de servidoras públicas, tenían la obligación de administrar los recursos estatales con transparencia. Sin embargo, las pruebas recopiladas sugieren que actuaron en favor de terceros, facilitando el apoderamiento de bienes del Estado.

“El aporte de Mejía Higuita fue importante, pues sin su participación no hubiera sido posible la consumación de la apropiación de los dineros del Estado”, afirmó la Fiscalía durante la audiencia de imputación de cargos. Una declaración similar se hizo respecto a Del Valle Velásquez, subrayando su papel en la aprobación de las cotizaciones.

La investigación también puso bajo la lupa a las empresas que recibieron los contratos, entre ellas Comercializadora Jpino S. A. S., 1Soluciones S. A. S. y Estructura Zafiro S. A. S..

Según la Fiscalía, estas compañías presentan características que sugieren conflictos de interés y posibles direccionamientos en la adjudicación de los contratos. Por ejemplo, 1Soluciones S. A. S. fue constituida por Lilibeth Lorena Pino, hermana de Juan Alexánder Pino Jaramillo, representante legal de Comercializadora Jpino, lo que evidencia lazos familiares entre las empresas involucradas.

Además, la Fiscalía destacó que estas empresas tenían poca o nula experiencia previa en contratación estatal. Comercializadora Jpino, por ejemplo, fue creada en octubre de 2019 y, al momento de su primera adjudicación, solo contaba con dos contratos registrados en el Registro Único de Proponentes.

Este hecho, sumado a que la mayoría de los recursos recibidos por estas empresas entre 2020 y 2023 provino de contratos estatales, llevó a los investigadores a concluir que su propósito principal habría sido facilitar la desviación de recursos públicos.

Otro aspecto relevante de la investigación es el incumplimiento de los procedimientos establecidos en el manual de contratación de Metroparques. Según la Fiscalía, Mejía y Del Valle no documentaron de manera adecuada el recibo a satisfacción de los bienes y servicios contratados, lo que permitió la ejecución de pagos sin las verificaciones necesarias. Además, se señaló que los servicios contratados por Metroparques no guardaban relación con su objeto social, lo que refuerza las sospechas de irregularidades en los procesos de adjudicación.

El análisis financiero y contable realizado por la Fiscalía reveló que los recursos desviados se concentraron en un grupo reducido de empresas, lo que, según el ente acusador, deterioró el interés general y la moralidad pública. En total, se identificaron quince contratos estatales suscritos con Metroparques que habrían favorecido a estas compañías.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Mejía y Del Valle los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado. Sin embargo, ambas exfuncionarias se declararon inocentes y no aceptaron los cargos. Según informó Semana, el medio intentó obtener una declaración del exalcalde Daniel Quintero sobre este caso, pero no recibió respuesta antes del cierre de la edición.

Este caso pone en evidencia las vulnerabilidades en los procesos de contratación pública y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para evitar que recursos destinados al bienestar de la ciudadanía sean desviados en esquemas de corrupción. La investigación continúa, y se espera que las autoridades judiciales determinen las responsabilidades correspondientes en este presunto desfalco que afecta las finanzas de Medellín.