Sandra Liliana Ortiz irá a juicio por caso de corrupción en la Ungrd: se le acusa de dos delitos

Las investigaciones por el que sería el más grande caso de corrupción del Gobierno nacional avanzan y ya tienen ante las puertas de un juicio a una de las personas que presuntamente hizo parte del entramado. Se trata de la exconsejera para las Regiones del Gobierno Petro, Sandra Ortiz, que está siendo procesada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.

En la audiencia que se llevó a cabo el 24 de enero de 2025, presidida por la jueza 21 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación en contra de la exfuncionaria. Eso quiere decir que iniciará la etapa de juicio, a la que deberá enfrentarse por los cargos por los que fue formalmente acusada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Ortiz habría sido la responsable de transportar recursos públicos que quedaron en manos de congresistas, que, al parecer, tenían la responsabilidad de promover las reformas sociales del Gobierno tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

“Usted, como alta consejera presidencial para las Regiones, oficina vinculada al Dapre, creó riesgos jurídicamente desaprobados, idóneos y sustanciales al utilizar indebidamente en provecho del presidente del Senado, Iván Leonidas Name, valiéndose de su posición prevalente en la rama ejecutiva. Usted ejerció influencias indebidas”, explicó en su momento la fiscal del caso.

Según explicó la Fiscalía, hay elementos materiales probatorios que indicarían que, en efecto, la exfuncionaria habría recibido $3.000 millones de parte de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y de Sneyder Pinilla Álvarez, exsubdirector de manejo de desastres de la entidad. Los recursos, los habría transportado y entregado al expresidente del Senado Iván Leonidas Name en el edificio Base 1, ubicado al norte de Bogotá.

Los exfuncionarios de la Ungrd habrían entregado a Ortiz los $3.000 millones en el apartamento 2312 de Residencias Tequendama, es decir, en su antiguo domicilio. Primero, allegaron una maleta con $1.500 millones; luego, entregaron el dinero restante para que lo dejara en manos de Iván Name.

En noviembre de 2024, la exconsejera aseguró que no cometió ningún delito y que la Fiscalía estaba al tanto de eso. Sin embargo, en una entrevista que dio en enero de 2025 a Noticias Caracol y Blu Radio, no confirmó ni negó haber entregado el dinero al congresista. No obstante, aseguró tener más información sobre hechos de corrupción que involucran a personas de alto nivel del Gobierno nacional

“Yo ya dije lo que tenía que decir (...). Desde el principio que yo hablé, y sigo hablando ante los medios de comunicación y ante el país, es que yo quiero decirles la verdad y hay una historia que contar”, precisó la exfuncionaria.

Debido al material probatorio que hay en su contra, la exfuncionaria permanece recluida en la Estación de Carabineros y, por decisión de la jueza 21 Penal, continuará privada de la libertad en dicho establecimiento, mientras continúa el proceso en su contra y se define su situación jurídica.

Cabe resaltar que en el entramado de corrupción de la Ungrd también habría estado implicado el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Dapre, Carlos Ramón González, que era jefe de la exconsejera. Según el ente acusador, el exfuncionario fue quien ordenó a Olmedo López la entrega de millonarios contratos para beneficiar a Name y también al expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle. Ortiz debía encargarse de la gestión de esos “asuntos”.

“Debido a la premura con la que los congresistas mencionados exigían los recursos, durante el mes de septiembre Carlos Ramón González y Olmedo de Jesús López Martínez, variaron la oferta dirigida a Name Vásquez a una suma en efectivo de $3.000 millones y a Calle Aguas por una de $1.000 millones”, precisó la fiscal del caso.