Gobierno Petro finalmente decretó el estado de conmoción interior por la escalada violenta en el Catatumbo: esto es lo que dice

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, oficializó la declaratoria de estado de conmoción interior en varias regiones del país, una medida que busca enfrentar la grave crisis de orden público que afecta principalmente al Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y dos municipios del departamento de Cesar: Río de Oro y González.

Esta decisión se tomó luego de tres días de análisis desde que el mandatario anunció su intención de implementar esta medida excepcional, debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

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El decreto abarca al menos once municipios del departamento de Norte de Santander, incluyendo Tibú y otras localidades de la región del Catatumbo, que ha sido escenario de intensos enfrentamientos entre el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y las disidencias de las Farc.

La violencia en estas zonas ha escalado a niveles críticos, lo que llevó al Gobierno Nacional a tomar esta decisión para intentar restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población.

El estado de conmoción interior es una medida contemplada en la Constitución colombiana que permite al Ejecutivo adoptar acciones extraordinarias para enfrentar situaciones que amenacen gravemente el orden público, en esta ocasión, hasta abril del 2025.

Esta declaratoria habilita al Gobierno para emitir decretos con fuerza de ley que permitan movilizar tropas, reasignar recursos y ejecutar programas de atención social en las regiones afectadas.

En este caso, el Gobierno de Gustavo Petro busca reforzar la presencia de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en las zonas más afectadas por la violencia.

Además, se espera que en los próximos días se emitan decretos reglamentarios que detallen las acciones específicas a implementar. Estas medidas incluirían la redistribución de recursos y la puesta en marcha de programas sociales para mitigar el impacto de la crisis en las comunidades locales.

El decreto detalla que, hasta el 21 de enero de 2025, se han registrado 381 homicidios, incluyendo cinco firmantes del acuerdo final de paz, y 36.137 personas desplazadas forzadamente. Este número contrasta con los 5.422 desplazados reportados en todo el año 2024, lo que evidencia la magnitud del problema.

Además, 16.482 personas se encuentran refugiadas en albergues y refugios en municipios como Cúcuta, Ocaña y Tibú, mientras que otras 7.122 personas permanecen confinadas en zonas rurales debido a los enfrentamientos armados.

El flujo migratorio hacia Venezuela también ha aumentado, con un promedio de 700 personas diarias cruzando la frontera entre el 17 y el 19 de enero, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Aunque esta cifra disminuyó a 400 personas diarias en los días posteriores, la situación sigue siendo crítica.

Según el decreto, el ELN ha intensificado sus ataques contra la población civil y los firmantes del acuerdo de paz, financiándose a través de economías ilegales como el narcotráfico. En 2023, los municipios de Sardinata y Tibú concentraron 27.329 hectáreas de cultivos de coca, lo que representa el 63.3 % del total en la región, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci).

Además, la región enfrenta riesgos significativos para su infraestructura crítica, como el oleoducto Caño Limón-Coveñas, vías nacionales y subestaciones de energía. El decreto advierte que los ataques a estas instalaciones podrían generar una crisis energética y afectar la producción de hidrocarburos, que en 2024 alcanzó un promedio diario de 1.814 barriles de petróleo y 2.59 millones de pies cúbicos de gas.

El estado de conmoción interior permite al Gobierno adoptar medidas excepcionales para restablecer el orden público y garantizar la seguridad de la población. Entre estas medidas se incluyen el fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública, la restricción del transporte y comercialización de bienes utilizados por los grupos armados, y la implementación de acciones humanitarias para atender a los desplazados.

El decreto también subraya la necesidad de proteger los derechos fundamentales de las víctimas, incluyendo la recuperación e identificación de cuerpos en zonas de conflicto, y garantizar el acceso a servicios esenciales como salud, educación y agua potable. Según el Puesto de Mando Unificado, la crisis ha afectado gravemente la prestación de estos servicios, así como la actividad económica y comercial en la región.

El Gobierno colombiano ha reiterado su compromiso con la implementación del acuerdo final de paz firmado con las FARC-EP en 2016. Sin embargo, la Corte Constitucional declaró en 2022 un estado de cosas inconstitucional debido al bajo cumplimiento de las garantías de seguridad para los firmantes del acuerdo y sus familias. Desde entonces, se han registrado 22 homicidios de firmantes en el Catatumbo, según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

En el marco de la Política de Paz Total, el Gobierno ha promovido programas de sustitución de cultivos ilícitos y vinculación a economías legales. No obstante, el decreto reconoce que estos esfuerzos han sido insuficientes para abordar las causas estructurales del conflicto.

El decreto también destaca la necesidad de recurrir a la cooperación internacional para financiar programas humanitarios y de estabilización en la región. Además, se plantea la posibilidad de realizar ajustes presupuestales y fiscales para garantizar los recursos necesarios para enfrentar la crisis.