
Como parte de la reforma laboral, se introdujeron modificaciones significativas respecto a la forma en que se puede proceder con el despido de los trabajadores en Colombia. Según los detalles de la propuesta, cualquier despido debe ajustarse a una serie de requisitos que garanticen la protección de los derechos laborales de los empleados. En su momento, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, explicó que esta medida fue tomada para asegurar que el proceso de terminación de contrato no solo se base en causas justificadas, sino también en el cumplimiento de normativas legales vigentes.
El proyecto de ley especifica que, para que un despido por justa causa fuera válido, se debe seguir una serie de principios fundamentales, tales como el respeto a la dignidad del trabajador, la presunción de inocencia, la proporcionalidad, y el derecho a la defensa. Además, este proceso debe garantizarse bajo principios de transparencia, lealtad, imparcialidad y buena fe. Igualmente, se incluyó la necesidad de que todas las pruebas relacionadas con el despido fueran discutidas de manera justa y equilibrada, asegurando el respeto al buen nombre y la honra del trabajador.
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Según los lineamientos propuestos en la reforma laboral, se estableció un proceso detallado y riguroso para llevar a cabo un despido con justa causa en Colombia. Inicialmente, debe realizarse una comunicación formal en la que se informara al trabajador sobre el inicio del proceso disciplinario, en la cual se le indica de manera clara que se le imputan ciertas conductas.
Una vez informada la persona implicada, el siguiente paso es la formulación de los cargos, detallando las conductas o faltas que se le atribuían. Posteriormente, se debe entregar al trabajador todas las pruebas que sustentan los cargos formulados en su contra, asegurando la transparencia del proceso. Con estas pruebas en mano, se le otorga un plazo razonable durante el cual el trabajador podía presentar sus descargos, discutir las pruebas en su contra y aportar cualquier evidencia que considerara relevante para su defensa.
Después de haber considerado las pruebas y los descargos, se emite una decisión definitiva, la cual debe estar motivada adecuadamente. Si la decisión es en contra del trabajador, se impone una sanción proporcional a la gravedad de los hechos, lo que incluye la posibilidad de terminar el contrato laboral por justa causa.

El proyecto también estableció un proceso de revisión de la decisión, para garantizar que todas las medidas se hubieran tomado de acuerdo con el debido proceso. Además, la reforma destacó dos aspectos clave: si el trabajador es parte de un sindicato, tiene derecho a ser acompañado por dos representantes del mismo durante el proceso. Asimismo, se especificó que los trabajadores con discapacidad debían recibir ajustes razonables que garantizaran una comunicación efectiva y el respeto a sus derechos en todo momento durante el procedimiento.
¿Qué cambios se vienen con la reforma laboral?
Uno de los cambios más polémicos dentro de la reforma laboral es la modificación de la jornada nocturna, que, según el proyecto de ley, comenzaría a las 7:00 p. m. y terminaría a las 6:00 a. m., en lugar de la actual normativa que estipula que esta jornada inicia a las 9:00 p. m. Esta modificación generó una considerable cantidad de críticas, pues alteraría las condiciones de trabajo para muchos empleados que dependen de esta franja horaria.
Adicionalmente, la reforma propone una modificación significativa en los recargos laborales por trabajar durante los domingos y festivos. La iniciativa contempla un aumento gradual de este recargo, comenzando en 2025 con un incremento del 80% sobre el valor de la hora ordinaria, alcanzando el 90% en 2026 y finalmente, en julio de 2027, estableciendo un recargo del 100%.

Por otro lado, el proyecto de reforma también introduce una limitación a los contratos a término fijo, especificando que estos no podrían renovarse por más de cuatro años. Si se supera este límite, el contrato se convertiría automáticamente en uno a término indefinido. Esta medida busca brindar mayor estabilidad laboral a los empleados, evitando la prolongación de contratos temporales que, según algunos expertos, limitaban el acceso a beneficios y la seguridad laboral.
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