No paran las tensiones en el sistema de salud en Colombia, tras las recientes decisiones que ha tomado el Gobierno nacional y la Superintendencia de Salud, que ha afectado directamente a millones de pacientes afiliados a las principales EPS del país.
De hecho, nueve meses después de que el Ejecutivo tomara la decisión de tomar control sobre la EPS Sanitas, las empresas españolas Natanor XXI y Centauro Capital, propietarias de la promotora, presentaron una demanda arbitral contra el Estado colombiano.
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Incluso, en las últimas horas, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje) recibió la notificación de la acción legal que fue radicada el lunes 21 de enero ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Banco Mundial, y que busca una compensación de 1.200 millones de dólares, equivalentes a unos 5.2 billones de pesos.
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Las compañías alegan que la intervención de la EPS, ordenada en abril de 2024 por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, constituye una “expropiación indirecta” de sus inversiones.
De acuerdo con la demanda, las empresas controladas por el magnate vasco Joseba Grajales argumentan que la intervención vulneró el acuerdo entre el Reino de España y la República de Colombia para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado en 2005.
En su demanda, las firmas calificaron la medida como “arbitraria” y “discriminatoria”, asegurando que esta no solo afectó sus derechos como inversionistas, sino que también violó estándares internacionales que protegen sus intereses.
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La intervención de la EPS Sanitas fue ordenada por el entonces superintendente de Salud Luis Carlos Leal en un momento en el que el Gobierno nacional cuestionaba la veracidad de los estados financieros de varias Empresas Promotoras de Salud (EPS).
Según las autoridades, la medida buscaba evitar un colapso financiero de la entidad y garantizar la atención de miles de afiliados. Sin embargo, los propietarios de Sanitas consideran que esta decisión no solo fue injustificada, sino que también les impidió disfrutar plenamente de sus inversiones.
Para enfrentar este litigio internacional, las empresas españolas han contratado a la prestigiosa firma Debevoise & Plimpton, con sede en Nueva York. Según detalló El Tiempo, este equipo legal cuenta con la reciente incorporación de Nicholas Folly, exsubdirector de la división penal de la oficina del fiscal de Estados Unidos en Manhattan y funcionario de la administración del expresidente Joe Biden.
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Asimismo, la defensa de los inversionistas en Colombia está a cargo de la firma Rincón Castro Abogados, con sede en Bogotá, especializada en la resolución de controversias internacionales.
Lo que viene tras la billonaria demanda contra el Estado
El arbitraje internacional ante el Ciadi se desarrollará en varias etapas. Antes de que se constituya el tribunal que resolverá la disputa, las partes deberán intentar llegar a un acuerdo directo mediante un mecanismo de conciliación. Si este intento fracasa, se abrirá una nueva etapa de demanda formal, en la que se plantearán nuevamente opciones de conciliación.
En caso de que no se logre un acuerdo, se instalará el tribunal arbitral, que será el encargado de decidir sobre las pretensiones económicas de los demandantes y la defensa del Estado colombiano.
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Según el medio nacional, este proceso podría extenderse hasta por cinco años. Por parte del gobierno colombiano, la defensa estará liderada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, bajo la dirección del exmagistrado César Palomino.
Además de la demanda arbitral presentada ante el Ciadi, la intervención de la EPS Sanitas enfrenta otras tres demandas en el Consejo de Estado. Una de estas acciones legales fue interpuesta por el partido Cambio Radical y podría resolverse en el transcurso de este año.
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