Gobernadora del Valle advirtió crisis por aumento en la migración venezolana: “No vamos a ser capaces”

La creciente crisis migratoria que afecta al Valle del Cauca ha encendido las alarmas de las autoridades departamentales, quienes anticipan un impacto significativo en el ya frágil sistema de salud de la región. En una reciente reunión entre la Vicepresidencia de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, advirtió sobre el incremento potencial de migrantes irregulares y la consecuente presión que esta situación generaría en los servicios médicos locales.

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La gobernadora solicitó con urgencia la colaboración de las entidades gubernamentales y organismos internacionales para enfrentar esta problemática. Argumentó que el departamento, pese a sus esfuerzos, no está en capacidad de absorber el impacto financiero y operativo que supone la atención médica a una población migrante en constante crecimiento. La demanda de servicios como pediatría, ginecobstetricia, salud sexual y reproductiva, atención a personas mayores y urgencias se encuentra en aumento, lo que podría comprometer la estabilidad del sistema de salud y la calidad del servicio.

“Nosotros lo que estamos solicitando es que nos apoyen, sobre todo, en el sector salud para que la Nación nos dé una cofinanciación mayor y de esa manera, nosotros podamos suplir esas necesidades, porque no vamos a ser capaces de asumir toda esa problemática si se nos viene como se está estableciendo”, expresó la gobernadora en El País.

Un punto crucial que destaca la mandataria es la necesidad de cofinanciación por parte del Gobierno colombiano. La gobernación ha mantenido la política de brindar atención a todas las personas, independientemente de su situación migratoria o nacionalidad, pero esto ha generado un impacto financiero considerable. Actualmente, la administración departamental enfrenta una deuda de aproximadamente $25.000 millones con los hospitales públicos debido al pago de servicios de salud prestados a migrantes.

“Nosotros no negamos la atención a ningún venezolano, ni a ningún migrante de cualquier país, entonces eso que atienden los hospitales, pues son unos recursos que ellos gastan y eso nos lo cobran a nosotros y es una política Nacional. Nosotros le decimos al Gobierno: está bien, nosotros asumimos algunos costos, pero el Gobierno Nacional debe cofinanciar con más recursos para poder suplir esas necesidades que están teniendo los migrantes”, agregó Toro en el mencionado medio.

La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, expresó su preocupación por el impacto de la migración en la atención de los pacientes colombianos. Indicó que la presencia de cerca de 200.000 migrantes en el departamento ha limitado la capacidad de respuesta para enfermedades crónicas como la hipertensión. En muchos casos, los pacientes locales solo reciben un porcentaje de la medicación necesaria debido a la saturación de recursos.

El último pago realizado por el Gobierno Nacional para financiar la atención a migrantes, que ascendió a $14.000 millones, ha sido insuficiente para cubrir el déficit acumulado. Ante la posibilidad de una nueva ola migratoria, la situación podría tornarse crítica, agravando el déficit y comprometiendo la sostenibilidad del sistema de salud en el Valle del Cauca.

El panorama exige respuestas inmediatas y coordinadas. Mientras las autoridades locales buscan soluciones para garantizar la continuidad del servicio, también hacen un llamado a la solidaridad y a la acción conjunta entre el Gobierno Nacional y la comunidad internacional. Solo a través de esfuerzos compartidos podrán mitigarse los efectos de esta crisis humanitaria y garantizar una atención digna tanto para los migrantes como para los ciudadanos locales.

El Valle del Cauca enfrenta un reto monumental en su sistema de salud, exacerbado por la migración masiva. La situación pone de manifiesto la importancia de una política integral y sostenible que aborde las necesidades urgentes de los migrantes sin desatender a la población local. Este es un momento decisivo para que el país demuestre su capacidad de respuesta ante una crisis que trasciende fronteras y desafía los límites de los recursos disponibles.