
Carolina Sanín, escritora bogotana, provocó un debate en redes sociales tras hacer una crítica sobre el uso del lenguaje en el mural y pieza gráfica que reza ‘Las cuchas tenían razón’, que tanto revuelo ha causado en Medellín y la Casa de Nariño, dadas sus connotaciones políticas.
Para Sanín, el término “cuchas” no parece ser lo suficientemente respetuoso para referirse a las mujeres. “Curioso el cartel “Las cuchas tenían razón”. Curioso que, con la ocasión de un reconocimiento (y, supongo, con el pretexto de usar un lenguaje “familiar”), opten por un término peyorativo. Curiosa la incapacidad para decir “mujeres””, escribió.
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Fueron varias los comentarios que apuntaban a que “cucha” es, en Antioquia, un término usado con las mamás de un modo cercano y afectuoso. Fue posiblemente por ello que, algunas horas más tarde, Sanín retomara la polémica con un post complementario, ante algunas críticas que recibió.
“Me pregunto si dirían “los maricones” para referirse a hombres homosexuales “cariñosamente””, expresó la escritora en su cuenta de X.
La controversia por la remoción de un mural en Medellín, ubicado en el deprimido de la Terminal del Norte, ha escalado a un enfrentamiento político entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez. El mural hacía alusión a los cuerpos hallados recientemente en La Escombrera, una zona de la Comuna 13 señalada como fosa común en el marco del conflicto armado colombiano. Este espacio cuenta con medidas cautelares desde 2020 por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y los hallazgos han reavivado el debate sobre la memoria histórica y el papel del arte en la visibilización de estos hechos.
El presidente Petro solicitó públicamente al alcalde investigar los eventos ocurridos en su administración y permitir que los jóvenes de Medellín se expresen a través del arte. Según Petro, acciones como la eliminación del mural representan un intento de silenciar narrativas incómodas para algunos sectores de la sociedad. El mandatario también cuestionó quiénes controlan actualmente el manejo de La Escombrera y pidió transparencia en torno al tema.
Por su parte, Federico Gutiérrez rechazó las críticas y defendió su compromiso con la memoria de las víctimas de la Comuna 13. Afirmó que su administración ha trabajado en la protección de los derechos de las víctimas, contrastando esto con lo que calificó como una “mal llamada paz total” del gobierno Petro, la cual, según él, beneficia a actores criminales involucrados en desapariciones y asesinatos. Gutiérrez subrayó que su gestión no evade responsabilidades y reiteró su rechazo a cualquier apología al crimen.
Sofía Petro se unió al debate
La polémica tomó un giro adicional cuando Sofía Petro, hija del presidente, publicó un video cuestionando la gestión de Gutiérrez respecto al hallazgo de los cuerpos en La Escombrera y su decisión de eliminar el mural. Para ella, esta acción refleja insensibilidad hacia el dolor de las víctimas y sus familias. Además, criticó la falta de avances durante la administración de Gutiérrez en las excavaciones necesarias para esclarecer la verdad sobre lo sucedido en la Comuna 13.
Sofía Petro también enfatizó que el arte urbano es una herramienta poderosa para preservar la memoria histórica y que su eliminación no solo afecta a las víctimas, sino también a los artistas y a la comunidad que encuentra en estas expresiones una forma de contar su historia. Sus declaraciones recibieron tanto apoyo como rechazo en redes sociales, convirtiendo el tema en un debate nacional sobre arte, memoria y gestión pública.
Las redes sociales han sido el epicentro de un acalorado debate. Muchos usuarios criticaron la decisión de borrar el mural, recordando que en Medellín aún existe un grafiti que representa a Pablo Escobar, un símbolo controvertido de la ciudad. Para estos críticos, resulta paradójico que se preserve un mural que consideran una apología al narcotráfico, mientras se elimina uno que busca visibilizar los crímenes del conflicto armado.
Por otro lado, quienes defienden la decisión del alcalde argumentan que la regulación del arte urbano debe evitar el uso político o partidista de los espacios públicos.
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