Petro arremetió contra los gremios por alegar falta de recursos: “Quisieran que la crisis fiscal la paguen los pobres”

En medio de la política de austeridad que ha venido implementando el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, y que ha implicado la ejecución de recortes presupuestales, desde varios sectores se han quejado por la falta de recursos y han alertado sobre graves consecuencias en materia de operatividad. La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) se unió a las denuncias, indicando que hay una millonaria deuda por parte del (Instituto Nacional de Vías) que genera preocupación.

Según detalló el presidente Ejecutivo de la CCI, Juan Martín Caicedo, hay “cientos de firmas” dedicadas a la construcción, la interventoría y la consultoría a las que el Invías les adeuda el pago de facturas. El retraso ya alcanza los ocho meses.

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La situación ya está asfixiando a las empresas, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas (Pymes). “De no saldarse estos compromisos, por parte del Invías, la consecuencia puede verse en la parálisis inminente de la obra pública, a cargo, justamente, del propio Instituto. Inaplazable, entonces, efectuar los pagos correspondientes a la mayor brevedad posible”, precisó.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro cuestionó las declaraciones del funcionario, asegurando que todos los gremios alegan falta de recursos públicos, como si su operatividad dependiera única y exclusivamente del Estado. Pese a ello, aseguró que ninguno mostró su respaldo a la ley de financiamiento (reforma tributaria) que se cayó en las comisiones económicas del Congreso de la República, ni protestó por las millonarias deudas que dejó la administración del expresidente Iván Duque.

“¿Y entonces? ¿Cuál es lógica mental que tienen? Quisieran que la crisis fiscal la paguen los pobres y los jóvenes y resulta que no, en este gobierno NO”, añadió el primer mandatario.

El proyecto archivado por los congresistas tenía como fin alcanzar un recaudo billonario para completar el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025. Dicho presupuesto tampoco fue aprobado en el Congreso y terminó siendo establecido por decreto, por un monto de $511 billones, y no de $523 billones, como se esperaba que quedara.

Además, el expresidente Iván Duque dejó varias deudas que ahora está asumiendo el Gobierno Petro; buena parte de ellas surgieron como consecuencia de la emergencia sanitaria por covid-19, que empezó en 2020 en Colombia. También ha tenido que hacer frente a un déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), cuya solución se ha basado en hacer incrementos graduales al precio de la gasolina y del Acpm.

“Que el señor (Iván) Duque haya disparado la deuda pública nacional, que el banco de la república haya mantenido la tasa de interés del endeudamiento excesivamente alta, han llevado a una situación difícil que el gobierno nacional ha tratado de sobremontar sin mayor costo para la gente más pobre”, indicó el jefe de Estado en su cuenta de X en su momento.

El pago de las deudas ha requerido un nuevo endeudamiento y, por ende, de la utilización de recursos para ese fin y no para la inversión en proyectos y programas necesarios para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. A esto se suma el archivo de la reforma tributaria, con la que se esperaba generar un alivio económico en los colombianos y en las empresas.

Gremios de la salud también alegan falta de recursos

Así como los gremios de la construcción están alertando sobre la falta de recursos públicos, las entidades promotoras de salud (EPS) también han puesto en conocimiento público una grave crisis financiera que está afectando la atención de los usuarios. Según indican, el Gobierno nacional no ha proporcionado el dinero necesario para garantizar la prestación de los servicios, que debe respaldarse con los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

No obstante, la administración aseguró que la asignación presupuestal es suficiente y que el problema está en el manejo del dinero. Pues, hay serias denuncias sobre presuntas irregularidades cometidas por las EPS, que administran el dinero que deben girar a las IPS, para que presten los servicios de salud.