
La ministra de Transporte, María Constanza García, anunció en la tarde del lunes 13 de enero de 2025, que el congelamiento en el aumento de tarifas de varios peajes del país no comprometerá el desarrollo ni la financiación de las obras de infraestructura vial, particularmente las correspondientes a los proyectos de Cuarta Generación (4G), que registran un avance promedio del 89 %.
Durante una rueda de prensa virtual con medios regionales y comunitarios, la ministra explicó que esta decisión busca aliviar la carga económica de los usuarios sin afectar la continuidad de las inversiones en infraestructura.
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“Este acuerdo para congelar el aumento de tarifas no significa una suspensión de inversiones ni de obras. Las concesiones seguirán cumpliendo con los compromisos pactados, lo que garantiza la continuidad en el desarrollo de los proyectos”, afirmó García.
La medida fue concertada con seis concesionarios viales y aplica a ocho peajes ubicados en distintas regiones del país.

Entre estos se encuentran las estaciones de El Placer, ubicado en la vía Rumichaca – Pasto, Nariño; Cisneros, en Antioquia; Carmen de Bolívar, que pertenece a la concesión Puerta de Hierro; la Autopista al Mar, ubicada en el noroccidente de Antioquia; y Transversal del Sisga – Machetá, en Cundinamarca.
En el caso del concesionario Accesos Norte 2, que administra los peajes de Fusca, Chía, Los Andes y Unisabana en la autopista Norte de Bogotá, el congelamiento de tarifas será de cuatro meses, hasta abril, mientras se establecen fórmulas graduales para ajustar las tarifas.
García detalló que los ingresos provenientes de los peajes están asegurados para la financiación de las obras.
Según la ministra, el Instituto Nacional de Vías (Invías) recauda entre 700.000 y 800.000 millones de pesos anuales, que se destinan al mantenimiento de la infraestructura.
Por su parte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) recauda cerca de 4.5 billones de pesos, los cuales respaldan la financiación de las concesiones viales.
Impacto en la infraestructura vial
La ministra subrayó la importancia de las concesiones 4G en la modernización de la red vial del país.
Estas obras incluyen la construcción de tramos de doble calzada, túneles y viaductos, fundamentales para mejorar la competitividad y productividad.

Actualmente, Colombia cuenta con 43 concesiones viales de Primera, Tercera, Cuarta y Quinta generación, siendo las de Cuarta Generación las más significativas con 119 peajes distribuidos a lo largo del territorio nacional.
“Tenemos 31 peajes localizados en la infraestructura que administra el Invías, que maneja 10.200 kilómetros de carreteras nacionales. De estos, solo 31 peajes están distribuidos en aproximadamente 1.000 kilómetros. Adicionalmente, hay 7.700 kilómetros bajo el modelo de concesión de la ANI”, explicó García.
Congelamiento de tarifas
La decisión de congelar el aumento de peajes surgió tras una controversia nacional por el incremento de tarifas a inicios de 2025, situación que generó descontento en sectores como el gremio de transportadores.
El ajuste obedecía, según explicó la ministra, a la necesidad de compensar rezagos relacionados con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023.
“Estuvimos con la superintendente, con el presidente de la ANI, el director del Invías, también estuvimos con el ministro de Hacienda y otros funcionarios. Estuvimos, pues haciendo una revisión frente, pues en un primer tema del incremento que se dio, nosotros aprobamos un incremento por resolución del 60% del IPC, que era lo que estábamos debiendo de 2023. Yo he citado a los concesionarios a seis concesionarios donde se dieron estas alzas, pues para que podamos hacer una evaluación y tomar decisiones frente a estos incrementos”, explicó la ministra.

El aumento de los peajes fue objeto de críticas, incluso por parte del presidente Gustavo Petro, que calificó algunas concesiones como “mal hechas”.
Esta situación llevó al Gobierno a revisar los contratos y a establecer mesas de diálogo con los concesionarios para buscar alternativas.
La ministra también destacó que se han iniciado conversaciones con gremios de transportadores para discutir temas como la inclusión de nuevos vehículos en el Sistema de Información de Servicios de Transporte (Cise) y la revisión de normativas relacionadas con el transporte de carga.
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