El Gobierno nacional dio un paso hacia la formalización y dignificación del trabajo de los recicladores de oficio con la firma del Decreto 1381 de 2024, el cual modifica el Decreto 596 de 2016 y establece exclusividad para los recicladores en la prestación del servicio público de aprovechamiento en Colombia.
La norma busca garantizar mejores condiciones laborales y sociales para más de 68.000 recicladores en todo el país, asegurando su acceso a materiales reciclables y promoviendo su inclusión en diversas esferas de la vida social y económica.
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El decreto se hizo oficial con su firma el 14 de noviembre y representa un avance significativo para el gremio de recicladores, quienes han luchado durante años por el reconocimiento y la regulación de su actividad en el país. La norma, impulsada por el Ministerio de Vivienda, incluye varios puntos clave que buscan transformar tanto las condiciones laborales como el impacto ambiental de esta actividad esencial.
Aspectos clave del decreto
El Decreto 1381 de 2024 introduce cinco medidas clave que marcarán un antes y un después para los recicladores de oficio en Colombia:
- Exclusividad en la prestación del servicio público de aprovechamiento: los recicladores de oficio serán los únicos encargados de ofrecer el servicio de recuperación de materiales reciclables, lo que les otorga una mayor seguridad jurídica y laboral.
- Reconocimiento de la actividad de recuperación: la norma destaca la importancia de la labor de los recicladores no solo desde el punto de vista ambiental, sino también social, reconociendo el impacto positivo que tienen en la gestión de residuos.
- Acceso a materiales reciclables: se establece el derecho de los recicladores a tener acceso cierto y seguro a los materiales reciclables, lo cual es esencial para que puedan seguir con su labor sin la inseguridad que muchas veces enfrentan respecto a la disponibilidad de los materiales.
- Acciones afirmativas para la inclusión: el decreto promueve la inclusión social, laboral y económica de los recicladores, buscando su plena integración a la sociedad, lo cual también incluye aspectos de salud, educación y seguridad social.
- Vigilancia diferencial: se crea un sistema de vigilancia especializado para garantizar la transparencia y equidad en la prestación del servicio de reciclaje, asegurando que se cumplan las normativas y que no haya irregularidades en la distribución de recursos y servicios.
Desafíos pendientes
Aunque el decreto 1381 marca un avance significativo, varios aspectos aún quedan pendientes para que su implementación sea efectiva. Según Magda Barinas, líder de la agremiación de recicladores de Colombia, la Comisión de Regulación de Agua Potable aún no ha definido el nuevo marco tarifario que incluirá el reconocimiento económico de la actividad de los recicladores. “Estamos esperando a que la Comisión de Regulación de Agua Potable saque el nuevo Marco tarifario que, incluso, está demorado. Las resoluciones del marco tarifario deben actualizarse cada cinco años y la resolución 720, que es la que reconoce el reconocimiento tarifario, no lo han hecho”, afirmó a RCN Radio.
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Además, los recicladores han señalado que hay demoras en la implementación de los mecanismos de vigilancia y control por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, un aspecto crucial para garantizar que las normas se apliquen de manera efectiva en los territorios. También se ha solicitado la colaboración interministerial para abordar las necesidades de los recicladores en áreas como vivienda, educación y seguridad social, lo que refleja una falta de articulación entre diversas entidades del Gobierno para garantizar un apoyo integral a esta población.
Finalmente, aunque el Gobierno ha dado un paso importante al promulgar esta ley, el cumplimiento de las responsabilidades por parte de los municipios será clave para que el decreto sea efectivo en la práctica. Las autoridades locales deberán apoyar a las organizaciones de recicladores, fomentar la separación en la fuente y garantizar el cumplimiento de los planes de gestión de residuos sólidos, aspectos que aún deben ser supervisados y controlados.
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