Bombardeo en Vichada dejó dos muertos y al parecer no hay reportes oficiales de las Fuerzas Militares

Un bombardeo ejecutado el pasado 5 de octubre en zona rural de Cumaribo, Vichada, dejó dos personas muertas, una capturada y más de 20 fusiles incautados, pero hasta ahora no aparece en los reportes oficiales divulgados por el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares. La operación eleva a nueve el número de ataques aéreos conocidos durante los primeros meses del Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Según información publicada en exclusiva por El Tiempo, el ataque se realizó hacia la una de la tarde en la finca El Retiro, ubicada en la vereda Caño Cadá, municipio de Cumaribo. Fuentes militares confirmaron al medio que la acción fue denominada operación Orión y estuvo dirigida contra las disidencias de Calarcá, específicamente contra un anillo de seguridad de ese grupo.

El resultado reportado por esas fuentes fue de dos muertos, una persona capturada y la incautación de más de 20 fusiles. Sin embargo, la operación no había sido anunciada públicamente y hasta el momento no se conocen las razones por las cuales quedó por fuera de los balances oficiales difundidos.

Durante sus casi 100 días de Gobierno, la administración De La Espriella ha informado de ocho operaciones de bombardeo contra estructuras armadas ilegales. La más reciente había sido reportada en Antioquia contra el clan del Golfo y dejó entre los muertos a alias Negro Perea. Con la operación de Vichada, el conteo conocido subiría a nueve.

Comunidades reportan posibles afectaciones en la zona

Tras el ataque, comunidades campesinas de la zona denunciaron la supuesta destrucción de una vivienda y afectaciones a cultivos. Estas versiones hacen parte de los reclamos presentados por organizaciones locales que solicitaron información oficial sobre lo ocurrido.

La Asociación de Colonos del Alto Vichada, Asocoavi, junto con presidentes de juntas de acción comunal y la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, pidió a las Fuerzas Militares detalles sobre la operación y sus posibles impactos sobre la población civil.

En ese pronunciamiento también aparece el testimonio de Oliverio Alvendaño, un campesino que vive con su familia a una distancia aproximada de entre 800 metros y un kilómetro del lugar atacado. Según su versión, su esposa, que se encuentra embarazada, sufrió afectaciones psicológicas por el ruido producido durante las explosiones.

Las comunidades también señalaron que recibieron información de terceros según la cual el bombardeo habría estado dirigido contra una fracción de un grupo armado ilegal conocido como Los Mordiscos. Esa versión difiere de la información entregada por las fuentes militares consultadas, que señalaron como objetivo a disidencias de Calarcá.

Fuerzas Militares no habían respondido sobre la operación

El Tiempo consultó al Comando General de las Fuerzas Militares para establecer por qué la operación no fue divulgada públicamente y para solicitar información sobre sus objetivos, resultados y eventuales afectaciones a civiles.

Hasta el cierre de la publicación, la institución no había respondido esos interrogantes. Tampoco se había explicado oficialmente por qué el bombardeo del 5 de octubre no aparece entre las operaciones aéreas presentadas hasta ahora ante la opinión pública.

El antecedente más cercano mencionado en la información corresponde al primer bombardeo ordenado por el presidente De La Espriella en el Catatumbo. Fuentes militares recordaron que en ese caso algunas comunidades cuestionaron inicialmente la operación por posibles afectaciones a civiles, pero aseguraron que esas afectaciones no ocurrieron.

En el caso de Cumaribo, las dudas se concentran tanto en la falta de divulgación oficial como en las denuncias de las comunidades sobre posibles daños en viviendas, cultivos y afectaciones a residentes del sector.

Por ahora, lo confirmado por fuentes militares es que la operación Orión sí se ejecutó, dejó dos muertos, un capturado y más de 20 fusiles incautados. Queda pendiente una explicación oficial sobre su ausencia en los reportes públicos y una respuesta a las solicitudes de información presentadas por las organizaciones de la zona.