El reciente decreto del Ministerio de Agricultura que limita el uso del suelo en sectores del suroeste de Antioquia ha generado malestar en la región. La medida ha sido especialmente cuestionada por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien expresó su inconformidad ante lo que considera una afectación a las decisiones locales.
Dicha resolución del Ministerio de Agricultura declaró 250.000 hectáreas del suroeste antioqueño como áreas protegidas para la producción agrícola. Sin embargo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, calificó esta medida como inapropiada y anunció acciones legales en su contra, respaldado por los 23 alcaldes de los municipios afectados.
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El mandatario departamental calificó la resolución del Gobierno Nacional como una “usurpación” de las competencias de las autoridades locales. Según el mandatario, esta decisión responde a una postura ideológica que busca obstaculizar el desarrollo de la minería en la región, afectando la autonomía territorial y los proyectos económicos del suroeste antioqueño.
“Desde la Gobernación de Antioquia demandaremos la resolución del ministerio de Agricultura que restringe el uso del suelo en el Suroeste y otras zonas del país. Consideramos que esta es una usurpación del Gobierno Nacional a las autoridades locales, en su lucha ideológica por oponerse al desarrollo de la minería”, escribió el gobernador Antioqueño por medio de su cuenta de X.
El gobernador Rendón igualmente aseguró que es a los Concejos municipales a quienes les corresponde la decisión del uso del suelo de cada territorio. Además reiteró que el Gobierno nacional estaba interviniendo en asuntos que bajo su óptica no le corresponden.
“A las autoridades locales, los concejos municipales son los únicos competentes, según la Constitución y la ley de Colombia, para definir los usos del suelo, establecer dónde se desarrolla la industria, la vivienda, el comercio y demás actividades. Sin embargo, el Gobierno Nacional persiste en el espejismo de regular el subsuelo, que es una competencia exclusiva de la Nación, interviniendo en asuntos que no le corresponden. Por nuestra parte, desde la Gobernación, vamos a demandar esa resolución por improcedente”, aseveró el mandatario en un video que subió en su cuenta de X.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, aclaró que la resolución establece una zona de análisis en el suroeste antioqueño con el propósito de identificar los territorios que actualmente aseguran el suministro de alimentos en la región. Posteriormente, estos espacios podrían ser designados como “áreas de especial protección para la producción agrícola”.
“Nuestra definición no limita actividades ni determina usos, y sí nos permite acercarnos a donde hoy se desarrolla la actividad agropecuaria para protegerla. Con la declaratoria de estas áreas, una vez adelantemos el proceso iniciado, salvaguardaremos de los cambios de uso irregular del suelo rural, (las actividades) agrarias que (ponen) alimentos (en) las ciudades”, comentó la jefa de cartera del Gobierno Petro con respecto a dicha decisión.
Por su parte los comerciantes de la región han expresado su inquietud ante el impacto económico que podría generar la reciente resolución, temiendo afectaciones en sectores clave para la zona como la minería, la floricultura y la ganadería, actividades tradicionales que sostienen gran parte de la economía local.
El representante a la Cámara por Antioquia, Hernán Cadavid, se ha posicionado como uno de los más fuertes opositores a la reciente resolución del Gobierno. En declaraciones a El Colombiano, advirtió que esta medida podría estar dirigida, de manera encubierta, a frenar la actividad minera en la región, un sector clave para la economía de municipios como Amagá y Angelópolis, reconocidos por la extracción de oro, carbón y piedra caliza.
El representante advirtió que la resolución podría estar dirigida a obstaculizar el proyecto minero de Quebradona, que pretende extraer 4,9 millones de toneladas de concentrado de oro en los municipios de Jericó y Támesis. Este proyecto ha sido objeto de resistencia por parte del gobierno de Gustavo Petro y de ciertos líderes locales, lo que, según Cadavid, podría explicar el trasfondo de la medida.
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