
14 días después de que el Gobierno nacional informara sobre el incremento que tendría la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que corresponde al dinero que el Ejecutivo le reconoce a las EPS por cada uno de sus afiliados, en la tarde de este domingo 12 de enero el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dio un nuevo anuncio que podría cambiar los ingresos a las promotoras.
Según comentó en una entrevista con Noticias Caracol, el Gobierno nacional está dispuesto a “recalcular” el ajuste anual de la UPC que, para 2025, se fijó en 5,36%.
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“Nosotros estamos prestos a volver a buscar, con la ayuda de todos los sectores técnicos, y hacer una revisión muy clara”, señaló el ministro Jaramillo.
Sin embargo, el jefe de cartera defendió el informe presentado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) que resaltó las irregularidades presentadas por, al menos, cinco EPS que presentaron precios elevados por servicios de salud y hasta el cobro por pacientes que ya están reportados como fallecidos.

“Por ejemplo, cuatro millones de pesos por un TAC, cuando en otra institución son 700.000 u 800.000 pesos”, continuó Jaramillo en el medio nacional.
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Incluso, el análisis de la Adres reveló un aumento inusualmente alto en los servicios reportados por las EPS, así como en sus costos asociados. Estas cifras, según la entidad, no reflejan la realidad epidemiológica ni las tendencias históricas del consumo de servicios de salud en el país.
El informe mostró incrementos que, según Adres, resultan estadísticamente improbables. Por ejemplo, se identificaron crecimientos del 60% en el número de consultas por médico general, incrementos cercanos al 80% en servicios radiológicos y de laboratorio, y aumentos superiores al 50% en tratamientos de cáncer. Además, los servicios domiciliarios reportaron un crecimiento superior al 100%.
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Estas cifras contrastan con la capacidad instalada del sistema de salud y con la realidad epidemiológica del país. Un caso particularmente alarmante es el aumento del 1.000% en los servicios reportados a pacientes después de su fallecimiento, en comparación con el promedio de años anteriores. Según la Adres, estas anomalías no solo cuestionan la credibilidad de los datos, también reflejan una gestión deficiente por parte de las EPS.

En cuanto a las frecuencias anuales de uso de servicios de salud, también reveló inconsistencias graves, pues este punto depende del perfil epidemiológico de la población, el cual no cambia drásticamente de un año a otro.
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Sin embargo, en 2023, las frecuencias reportadas por las EPS en la base de suficiencia mostraron un incremento promedio del 54,3%, mientras que el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (Rips) registró un aumento promedio de solo 5,93%.
Durante la pandemia, las frecuencias disminuyeron debido a las restricciones, pero se recuperaron a niveles normales en 2021 y bajaron ligeramente en 2022. El salto observado en 2023, según la Adres, no corresponde con la tendencia histórica ni con la capacidad de oferta de servicios disponibles en el sistema de salud.
Además, la revisión de los informes financieros de las EPS también arrojó irregularidades preocupantes. En el caso de Nueva EPS, no se encontraron certificados financieros para 2023, a pesar de que la entidad reportó un incremento en gastos de 14 a 24 billones de pesos.
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Incluso, se identificaron aumentos como un 31 % en los costos de medicina general, un incremento total del 108% en los costos del servicio de medicina general, y un crecimiento del 119% en los costos de atención domiciliaria.
Estos incrementos, según la entidad, no están respaldados por datos verificables ni por aumentos proporcionales en los salarios de los médicos o en la capacidad instalada del sistema. Asimismo, se reportaron aumentos superiores al 100% en los costos de servicios de laboratorio y radiología, lo que refuerza las dudas sobre la consistencia de los datos presentados por las EPS.
Otro aspecto crítico identificado por la Adres es la falta de rigor en los datos relacionados con medicamentos. Según la entidad, el 23% de los medicamentos reportados por las EPS no tienen registros de ventas en el Sistema de Información de Precios de Medicamentos (Sismed), lo que representa un valor de 985.000 millones de pesos, equivalentes al 11% del total reportado durante la vigencia. Además, un 3% de los medicamentos corresponde a productos sin registro sanitario válido.
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Asimismo, se identificó un incumplimiento de la regulación de precios de medicamentos en más de 2.5 millones de registros, lo que generó un sobrecosto de 138 mil millones de pesos por encima de los valores regulados.
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