
Al parecer, por dificultades económicas y problemas asociados al proceso migratorio que enfrentan gran parte de ciudadanos venezolanos, una familia en Cartagena habría recurrido al trabajo informal de uno de sus hijos, lo que derivó en una situación que encendió las alarmas de las autoridades locales.
Según informó la administración de Dumek Turbay el jueves 9 de enero de 2025, un menor de edad fue interceptado mientras cantaba en las calles durante las noches en La Heroica, presuntamente, para obtener algunos pesos, lo que podría constituir un caso de explotación laboral infantil.
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Este hecho fue denunciado por el equipo de la Secretaría de Turismo, lo que permitió activar de inmediato los protocolos de atención correspondientes, remitiendo el caso a la Secretaría de Desarrollo Social, que movilizó a un equipo interdisciplinar de la unidad de Infancia para garantizar la protección del menor.

Tras ser trasladado a la Comisaría de Familia permanente, el niño finalmente fue entregado a su madre, quien asumió el compromiso formal de evitar que su hijo vuelva a ejercer dicho oficio.
Ana Milena Jiménez, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, destacó la importancia de las denuncias ciudadanas en la prevención de situaciones que vulneren los derechos de los menores. “Es importante hacer énfasis a la ciudadanía en que sus denuncias son vitales para seguir previniendo las situaciones que ponen en riesgo la infancia de nuestros pequeños, en este caso relacionada con la explotación laboral. Como Secretaría permanecemos atentos a todas estas alertas y seguiremos trabajando por la protección de los derechos de los menores”, afirmó Jiménez.
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Según detalló la madre del menor, la inestabilidad laboral y la falta de recursos económicos fueron las razones que los llevaron a depender del trabajo informal de su pequeño hijo.

Para abordar esta problemática de manera integral, la Unidad de Infancia de la Secretaría de Desarrollo Social trabaja en coordinación con diversas entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, entre ellas el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (Ipcc) y la Oficina de Asuntos para la Mujer.
“Esto con el propósito de poder brindar un apoyo a la familia y reducir el riesgo de que el niño caiga en una situación de explotación laboral de la cual no pueda salir, además a hacer el acompañamiento para asegurar el cumplimiento del compromiso de la madre”, complementó el comunicado de la alcaldía.
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El acompañamiento incluye la gestión de recursos y programas que puedan ofrecer estabilidad económica y social a la familia, así como la promoción de los derechos de los menores en contextos de alta vulnerabilidad.
Explotación sexual infantil, otro oscuro panorama para la niñez en Cartagena
El pasado 11 de octubre de 2024 se cumplieron diez años de uno de los operativos más importantes en la lucha contra la explotación sexual infantil en Colombia, específicamente en la ciudad de Cartagena.
Dicha operación se desarrolló conjuntamente por agentes encubiertos de Colombia y Estados Unidos, permitiendo el rescate de 57 menores de edad que iban a ser víctimas de explotación sexual en una fiesta organizada en la isla de Barú.
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Las 57 menores rescatadas tenían entre 15 y 17 años y, en su mayoría, procedían de barrios populares de Cartagena, una de las ciudades con mayor desigualdad social en Colombia.
La estrategia de reclutamiento consistió en prometerles una experiencia en una isla paradisíaca, con comida, bebidas y entretenimiento. Les ofrecieron además incentivos económicos: $400.000 solo por asistir y hasta $1.000.000 si accedían a mantener relaciones sexuales.
De acuerdo con testimonios posteriores de los menores implicados, varios de ellos llegaron al lugar a través de mensajes enviados por redes sociales o por invitaciones realizadas por conocidos. Declaraciones como “Nos dijeron que la íbamos a pasar bien, costaba $30.000, incluía almuerzo”, evidenciaron el engaño.
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Uno de los menores confesó que, al llegar, vio “un montón de gringos” que levantaron sospechas, aunque inicialmente no creían que “fuera para prostituir”. Otros relatos exponían cómo fueron encerrados en la isla, muchas veces sintiéndose secuestrados, con instrucciones de esperar a que fueran seleccionados.
Sin embargo, el evento en Barú no era lo que parecía. La fiesta se trató en realidad de un montaje realizado por el norteamericano Paul Hutchinson, que se hizo pasar por un magnate pedófilo, y por el activista Ballard, en cooperación con la Fiscalía. Hutchinson además fue productor ejecutivo de la película Sound of Freedom, lo que añadió un componente mediático al caso.
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