En la mañana del miércoles 8 de enero, la Fiscalía General de la Nación informó que un tribunal en el municipio de Florencia, Caquetá, condenó a Diego Francisco Mosquera Rodríguez, exfiscal tercero de la Seccional de Caquetá, a siete años de prisión tras hallarlo culpable de prevaricato por acción agravado.
La sentencia, emitida por el Tribunal Superior de Florencia, está relacionada con irregularidades cometidas en un proceso judicial por un homicidio ocurrido en 2017.
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Según determinó la investigación de la Fiscalía General de la Nación, Mosquera Rodríguez pidió la liberación de un hombre capturado por presuntamente haber cometido el feminicidio contra una mujer el 25 de junio de 2017 en el barrio Las Avenidas, de Florencia.
La Fiscalía señaló que el exfuncionario omitió presentar elementos materiales probatorios ante el juez de control de garantías durante las audiencias preliminares. Dichos elementos evidenciaban la posible configuración del delito de homicidio agravado.
En su actuación, el entonces fiscal optó por retirar la solicitud de medida de aseguramiento en contra del imputado, lo que permitió que este quedara en libertad. Esta decisión fue considerada irregular y provocó que el caso fuera investigado por la Dirección Especializada contra la Corrupción.
Además de la pena privativa de libertad, Mosquera Rodríguez recibió una multa equivalente a 149.996 salarios mínimos legales mensuales vigentes (Smlmv); es decir, más de 213.400 millones de pesos, y fue inhabilitado por un periodo de nueve años para ejercer funciones públicas.
También se le impuso como pena accesoria la pérdida de su cargo como fiscal delegado ante los jueces penales del circuito de Florencia.
La condena emitida corresponde a una decisión de primera instancia, por lo que el sentenciado aún puede interponer los recursos legales disponibles.
Familia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci pidió reunirse con la Policía, Fiscalía y Ministerio de Justicia de Colombia
La investigación sobre el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022 en una playa de Barú, Colombia, enfrenta un nuevo desafío tras la muerte de Francisco Luis Correa Galeano, considerado el principal testigo del caso.
Tras la noticia, la esposa de Pecci, Claudia Aguilera, expresó su preocupación por las consecuencias de este hecho mediante tres cartas enviadas a la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia.
En estos documentos, Aguilera destacó que la muerte de Correa Galeano era un riesgo que ya había sido advertido previamente, dada la importancia de su testimonio en el proceso judicial. “La noticia de su deceso nos ha afectado considerablemente, ya que se había advertido que ello podía suceder”, señaló Aguilera en las cartas.
Correa Galeano había desempeñado un papel crucial en la investigación al colaborar con las autoridades colombianas. Su testimonio permitió la captura y condena de varios implicados en el asesinato de Pecci, entre ellos los hermanos Andrés Felipe Pérez Hoyos y Ramón Pérez Hoyos, así como Margareth Chacón.
A cambio de su cooperación, el testigo había negociado con la Fiscalía una reducción de su pena. Sin embargo, su muerte, que según un informe preliminar habría sido el resultado de una riña con otro interno, deja un vacío en el caso y plantea serias dudas sobre la seguridad en los centros penitenciarios colombianos.
La familia de Pecci, que reside en Paraguay, ha solicitado una reunión virtual con las autoridades colombianas para discutir el estado actual de la investigación. En particular, buscan dialogar con el director de la Policía, el general William René Salamanca y la fiscal general Luz Adriana Camargo, con el objetivo de obtener claridad sobre los avances en el caso y las medidas que se tomarán tras la muerte del testigo clave.
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