Alerta por golpe al bolsillo en Colombia, la Contraloría advirtió alza en tarifas de luz y gas por riesgo de desabastecimiento

El bolsillo de los colombianos podría enfrentar una nueva presión en los próximos meses. Una advertencia encendió las alarmas sobre el costo de los servicios públicos, en un contexto donde el sistema energético muestra señales de fragilidad.

Detrás de esta preocupación hay un diagnóstico más amplio. La Contraloría General de la República puso sobre la mesa varios riesgos que, de no atenderse, terminarían reflejándose en facturas más altas de gas y energía para hogares y empresas.

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El análisis no se limita a un factor puntual. Por el contrario, describe una combinación de problemas estructurales y coyunturales que amenazan la estabilidad del sistema y, en consecuencia, el precio que pagan los usuarios.

De acuerdo con el informe sectorial Abastecimiento con Calidad y Almacenamiento Energético en Colombia 2020-2030, el país enfrenta debilidades en aspectos clave como el almacenamiento, la disponibilidad de hidrocarburos y la capacidad de generación eléctrica. Estas fallas, advirtió el organismo, comprometen tanto la seguridad energética como la estabilidad de las tarifas.

Uno de los riesgos más sensibles es el posible desabastecimiento. La Contraloría señaló que la falta de nuevos proyectos, sumada a deudas acumuladas con prestadores del servicio, podría desencadenar un escenario complejo. A esto se agregan retrasos regulatorios y limitaciones institucionales que, en conjunto, abren la puerta a “riesgos de racionamiento energético, aumento de precios e inequidad”.

El impacto no sería marginal. Un incremento en las tarifas de gas y electricidad afecta directamente el costo de vida de los hogares, pero también tiene efectos más amplios. En el sector productivo, por ejemplo, el encarecimiento de la energía eleva los costos de producción, presiona la inflación y reduce la competitividad de las empresas. Este efecto en cadena se vuelve más evidente en actividades intensivas en energía, como la industria manufacturera o la agroindustria. Allí, cualquier aumento en los costos termina trasladándose a los precios finales de bienes y servicios.

El contexto internacional tampoco juega a favor. La persistencia de conflictos geopolíticos, como la guerra entre Rusia y Ucrania y las tensiones en Medio Oriente, incrementó la volatilidad en los mercados energéticos. Esto eleva la competencia global por recursos como el gas y el petróleo, impactando los precios. A nivel interno, las señales de alerta también son claras. Las reservas energéticas del país se vienen disminuyendo. Actualmente, la autosuficiencia se estima en 5,9 años para el gas y 7,2 años para el petróleo, en un escenario donde la incorporación de nuevas reservas avanza lentamente.

El país, además, ya empezó a mostrar signos de dependencia externa. En 2024, solo el 67% del gas extraído logró comercializarse, lo que obligó a recurrir a importaciones de gas natural licuado para cubrir la demanda interna. Este cambio marcó un punto de inflexión en la dinámica del sector.

Otro aspecto crítico es la falta de sincronización entre la expansión del servicio y la garantía de abastecimiento. Mientras aumenta el número de usuarios conectados, no se asegura el suministro suficiente para atender esa demanda creciente, lo que incrementa la vulnerabilidad del sistema.

A esto se suman retrasos en proyectos estratégicos, como las plantas de regasificación especialmente en el Pacífico, y la ausencia de redundancia en el transporte de gas. Estas limitaciones podrían traducirse en fallas en el suministro a partir de 2026, con especial impacto en regiones del interior del país.

La capacidad de almacenamiento también apareció como un punto débil. La limitada infraestructura reduce la capacidad de respuesta ante contingencias o picos de demanda, lo que agrava los riesgos operativos. En el frente eléctrico, aunque se lograron avances en cobertura, persisten brechas importantes. Más de 1,3 millones de viviendas aún no tienen acceso al servicio, y cerrar esa brecha requeriría inversiones superiores a $32 billones.

El panorama se complejiza aún más con el aumento en la importación de combustibles. En el caso de la gasolina, cerca del 40% ya proviene del exterior, lo que expone al país a choques de precios internacionales. En este contexto, una eventual eliminación de subsidios podría amplificar el impacto en las tarifas.

Frente a este escenario, la Contraloría hizo un llamado urgente al Gobierno para tomar medidas estructurales. Entre las recomendaciones se destacan reactivar la exploración y producción de hidrocarburos, fortalecer la infraestructura de importación y regasificación, ampliar la capacidad de almacenamiento y mejorar la coordinación institucional.