Reclusa habría sido violada por personal del Inpec en la cárcel del Pedregal en Medellín: fue obligada a abortar

Una grave denuncia realizada por una reclusa del centro penitenciario El Pedregal, en Medellín, involucra a dos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Una mujer de 27 años, privada de la libertad, expuso ante las autoridades que habría sido abusada sexualmente por los dragoneantes Cristian Camilo Torres Alvarado y Diego Castaño Sánchez entre los meses de agosto y septiembre del año 2024.

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Según su testimonio, como resultado del ataque quedó embarazada, situación que los funcionarios involucrados y la institución no habrían permitido. La reclusa aseguró que fue obligada a abortar mediante el suministro de sustancias abortivas mezcladas en sus comidas.

Esta denuncia fue presentada ante las autoridades penitenciarias por la Fundación Mujeres Libres de Colombia, con el objetivo de exponer los hechos y lograr la apertura del debido proceso de investigación.

En el documento, revelado por Noticias RCN, se detallan los nombres de los dos hombres señalados de estar involucrados en los hechos y las formas en las que accedieron a la joven dentro de las instalaciones del reclusorio. Según el informe, los constantes abusos habrían ocurrido mientras la víctima estaba aislada de sus compañeras, dejándola en un estado de indefensión y sin la posibilidad de contarle a alguien lo sucedido.

La situación se tornó aún más compleja cuando la mujer se percató de que podría estar embarazada:

“Un distinguido de la guardia le entregó una prueba de embarazo, la cual resultó positiva. Posteriormente, fue llamada por el director del establecimiento, quien le preguntó cómo habría ocurrido el embarazo, dado que estaba aislada y no tenía visitas íntimas activas”, señala el documento. Su única respuesta fue que no había tenido relaciones íntimas con visitantes, lo que confirmaba los argumentos del director.

Sin su consentimiento, la reclusa fue trasladada a un centro médico, donde le confirmaron que había sufrido un intento de aborto a causa de sustancias consumidas involuntariamente a través de los alimentos que le suministraban en la cárcel.

En el documento presentado por la fundación, se señala: ”La denunciante afirma que en el establecimiento han intentado interrumpir su embarazo contra su voluntad, ya que se sintió mal y fue llevada al hospital, donde el personal médico encontró residuos de sustancias abortivas que presuntamente habrían sido suministradas a través de los alimentos”.

Infobae Colombia pudo conocer de mano de fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que ante las denuncias, una comisión de la Dirección de Justicia y Vigilancia se está desplazando hacia el lugar y se adelanta la indagación del caso para verificar todos los hechos que rodean esta grave denuncia, que involucra a dos miembros de la institución.

Se estima que en las próximas horas se den avances del proceso investigativo y se entreguen las primeras determinaciones para los implicados.

Noticias RCN informó que los son dragoneantes implicados en la denuncia fueron apartados de sus labores mientras se procede con las labores de investigación al interior de la institución. Así mismo, el caso habría sido dejado en manos de la Fiscalía General de la Nación.

Este caso se suma a los numerosos informes sobre la vulnerabilidad de los reclusos en los centros carcelarios del país. Estas problemáticas incluyen hacinamiento, distintos tipos de violencia y homicidios, ya sean perpetrados por otros internos o por funcionarios y directivos de las instituciones penitenciarias.

Estas situaciones han obligado a las cárceles y a las entidades responsables de supervisarlas a cientos de miles de colombianos en todo el territorio nacional a emitir pronunciamientos en un intento por limpiar su imagen y asumir compromisos para mejorar las condiciones dentro de los reclusorios.