
Un escándalo de presunta corrupción puso en el centro de la atención al municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca, luego de que se revelara una conversación telefónica entre el excontralor Juan Rafael Carmona y el alcalde del municipio, Gustavo Vélez, en la que el primero habría ofrecido intervenir en un proceso disciplinario contra dos funcionarios de la administración municipal.
Según informó El País, la llamada, que fue grabada, expone un intento de mediación que el alcalde calificó como irregular y que vincula al actual personero de Tuluá, Óscar Alejandro García Trujillo, con posibles nexos con la banda criminal conocida como La Inmaculada. De acuerdo con la grabación divulgada por el medio local, la conversación inició con un tono aparentemente informal, pero rápidamente escaló hacia un intercambio tenso.
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En la llamada, Juan Rafael Carmona se refirió al proceso disciplinario abierto por la Personería de Tuluá contra los secretarios de Seguridad, Martín Hincapié, y de Educación, Francisco Girón, que están siendo investigados por presuntamente violar el Derecho Internacional Humanitario al permitir que un grupo de policías utilizara una escuela como alojamiento. Durante la conversación, Carmona ofreció “colaborar” en el caso, lo que generó una fuerte reacción del alcalde Vélez, que cuestionó la legitimidad de su intervención en un asunto administrativo.

Vélez, visiblemente molesto, señaló que la risa de Carmona al referirse al proceso era una falta de respeto y cuestionó cómo este último tenía acceso a información sobre el caso, dado que no es funcionario ni contratista de la Personería. Según detalló El País, el alcalde recordó un episodio previo en el que, supuestamente , Carmona y el personero García Trujillo le habrían ofrecido dinero para garantizar que este último obtuviera el cargo de personero. “Usted vino acá a mi casa con ese muchacho a ofrecerme plata para que yo les diera la Personería”, afirmó el alcalde durante la llamada, asegurando además que cuenta con grabaciones de cámaras de seguridad que respaldarían su versión.
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Por su parte, Carmona negó rotundamente las acusaciones de haber ofrecido dinero y calificó las declaraciones del alcalde como un “show mediático”. En diálogo con El País, el excontralor aseguró que su intención al comunicarse con Vélez era mediar en la supuesta enemistad entre el alcalde y el personero García Trujillo, a quien describió como un hombre disciplinado. Sin embargo, admitió que cometió un error al afirmar que conocía detalles del proceso disciplinario contra los secretarios municipales, ya que, según sus propias palabras, no tiene acceso a esa información.
El caso generó una serie de interrogantes sobre la actuación del personero García Trujillo, que según algunos concejales de Tuluá, habría contado con el respaldo de la banda criminal La Inmaculada para obtener su cargo. Esta organización, también conocida como “La Oficina de Tuluá”, ha sido señalada en múltiples ocasiones por su influencia en la política local. En declaraciones recogidas por el medio mencionado, García evitó pronunciarse sobre el proceso disciplinario en curso y negó responder si mantiene algún vínculo con Carmona o si este último actúa como asesor o contratista de su despacho. “Yo todo eso lo dejo en manos de la Fiscalía”, afirmó.
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El alcalde Vélez también expresó su preocupación por las actuaciones del personero, a quien acusó de intentar “torcer la justicia” en repetidas ocasiones. Durante la llamada, Vélez insistió en que cualquier reunión para tratar el caso debía ser convocada por la Procuraduría y no por intermediarios externos como Carmona. “Ese muchacho deja muchas dudas sobre sus actuaciones y cosas mal hechas”, afirmó el mandatario local.
En cuanto al proceso disciplinario que originó la controversia, la Personería de Tuluá abrió la investigación el pasado 23 de diciembre, argumentando que el uso de una escuela como alojamiento para policías podría constituir una violación al Derecho Internacional Humanitario. Aunque Carmona intentó minimizar la gravedad de su intervención en el caso, admitió que el uso de un bien público para fines militares es un asunto delicado.
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La Administración municipal de Tuluá anunció que presentará las denuncias correspondientes para que las autoridades competentes investiguen los hechos y determinen las responsabilidades. Mientras tanto, el excontralor Carmona reiteró su amistad personal con el alcalde Vélez y lamentó que este último lo haya acusado de ofrecer sobornos. “Yo lo conozco a él, fui amigo de él, le hice campaña, pero creo que está mal de salud y hasta mentalmente puede estar afectado con la suspensión de esos secretarios”, declaró Carmona a El País.
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