Fechada el 20 de diciembre de 2024, pero revelada este viernes 27 de diciembre, se conoció una directiva presidencial en la que Gustavo Petro solicitó al Ministerio de Hacienda elaborar un Plan de Austeridad del Gasto para el 2025.
Este plan hace parte de una estrategia diseñada para enfrentar las crecientes restricciones fiscales tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso.
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Este plan, que se promulgará en enero del 2025, busca garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos, según lo establece el artículo 19 de la Ley 2155 de 2021, y como se leyó en el documento.
Un inicio de año marcado por la austeridad
La falta de aprobación del Proyecto de Ley 300 Cámara y 245 Senado, que pretendía obtener nuevas fuentes de financiamiento, ha incrementado la presión sobre el Gobierno Nacional para reorganizar el presupuesto.
En este contexto, el Ministerio de Hacienda deberá liderar la construcción del plan que priorizará el gasto en áreas esenciales y minimizará el impacto en sectores clave como salud, educación y protección social.
A juzgar por las directrices de la misiva emitida por el jefe de Estado, entre las principales acciones contempladas en el plan destacan:
- Optimización del gasto operativo: las entidades deberán identificar áreas susceptibles de recorte sin comprometer su funcionamiento.
- Planes internos de austeridad: cada organismo público tendrá que desarrollar y publicar un proyecto propio para garantizar la transparencia.
- Revisión de compras y contratación pública: se implementarán medidas para reducir costos y evitar despilfarros.
Recortes y prioridades
Aunque los ajustes buscan proteger los sectores prioritarios, es posible que programas no esenciales y proyectos de infraestructura enfrenten limitaciones en su financiamiento.
El Gobierno pretende mantener la operatividad administrativa mientras ajusta las políticas de gasto a las restricciones presupuestales.
En ese sentido, en primero lugar, el Presidente afirmó que firmará el decreto del Plan de Austeridad durante la primera semana de enero de 2025.
“El Ministerio de Hacienda y Crédito Público recibirá a más tardar el día 24 de diciembre de 2024, por parte de las entidades destinarias de la presente Directiva, los insumos, propuestas y demás medidas que dichas entidades estimen necesarias o pertinentes para fortalecer y complementar las disposiciones que, sobre austeridad del gasto rigieron durante el año 2024, según Decreto 199 del 20 de febrero de 2024, con el fin de lograr un mejor Plan de Austeridad del Gasto para la vigencia 2025″, se leyó en el punto 2 de las directivas.
Esta medida, según fuentes del Ministerio de Hacienda, es indispensable para afrontar las presiones fiscales del próximo año.
“Sin perjuicio de lo anterior, cada entidad pública deberá ir elaborando su proyecto de plan interno de austeridad, el cual ajustarán y actualizarán inmediatamente se expida el Plan de Austeridad del Gasto por parte del Gobierno nacional, para la vigencia fiscal 2025, y procederá a publicarlo en su respectiva página web”, solicitó el mandatario.
Sin embargo, también se espera que el Gobierno avance en mecanismos complementarios que permitan aliviar las restricciones presupuestarias y mantener el desarrollo de programas sociales y económicos esenciales para el país.
Los congelamientos a los presupuestos de varias entidades también afectó al Congreso
El Congreso de la República de Colombia comunicó a sus contratistas que los pagos correspondientes a sus honorarios podrían retrasarse hasta el año 2025 debido a dificultades en el flujo de caja.
La situación quedó evidenciada en una circular emitida por la Dirección General Administrativa, en la que se detalló el estado del cierre fiscal de 2024 y las previsiones para el inicio del próximo año.
De acuerdo con el documento, los pagos pendientes dependerán del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC), asignado por el Ministerio de Hacienda. En caso de que no se disponga de los recursos necesarios antes de finalizar el año, las cuentas de cobro serán registradas como “reservas presupuestales y cuentas por pagar” en los estados financieros del Congreso.
Esta medida busca garantizar que las obligaciones financieras no cubiertas en 2024 puedan ser saldadas en el siguiente periodo fiscal.
La circular, enviada a principios de diciembre, estableció plazos específicos para que los contratistas presentaran sus cuentas de cobro. Los documentos correspondientes a periodos anteriores a diciembre debían ser entregados antes del 10 de diciembre, mientras que las cuentas relacionadas con el último mes del año podían ser remitidas entre el 18 y el 20 de diciembre.
Sin embargo, el Congreso advirtió que, incluso cumpliendo con estos plazos, los pagos podrían no efectuarse de inmediato si los recursos del PAC resultaban insuficientes.
Esta problemática no es exclusiva del Congreso. Otras entidades públicas, como la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y la Unidad Nacional de Protección (UNP), también enfrentaron dificultades presupuestales durante 2024.
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