La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), entidad que lidera César Ferrari, ordenó a la señora Sandra Carolina López Salazar y a la sociedad Postres Milkah S.A.S., suspender de inmediato la captación no autorizada de dinero del público. De acuerdo con la entidad, la medida se adoptó mediante la Resolución 2519 del 17 de diciembre de 2024, que ordenó también la devolución inmediata de los recursos captados de manera ilegal.
La misma identificó que la señora López Salazar, por intermedio de la sociedad Postres Milkah S.A.S., contrajo 53 obligaciones soportadas en contratos de inversión con por lo menos 29 personas por un monto total que asciende a $757.854.040, cuantía que supera el 50% del patrimonio líquido de la persona natural y jurídica, sin prever a cambio la entrega de un bien o la prestación de un servicio.
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Dicho negocio se materializó por medio de la suscripción de los denominados contratos de inversión.
Se conoció que estos “fueron suscritos en su calidad de representante legal de Postres Milkah S.A.S., mediante los que estableció un negocio jurídico a través del cual recibió masivamente dinero de terceros para ser destinados en ‘la ejecución de las actividades y productos derivados de Postres Milkah S.A.S’, en los que se compromete a pagar al aportante una rentabilidad fija mensual que oscila entre el 8% y el 12%, así como a devolver los recursos recibidos en el plazo acordado, según consta en los contratos, sin que se entregue a cambio un bien o la prestación efectiva de un servicio”.
En conocimiento de Supersociedades y Fiscalía
Al respecto, la superintendencia remitió copia de la resolución y del expediente respectivo a la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) para que adelante el proceso de intervención, al que deberán presentarse las personas que se consideren afectadas por las actividades desarrolladas por la señora Sandra Carolina López Salazar y la sociedad Postres Milkah S.A.S.
También remitió copia a la Fiscalía General de la Nación para efecto de las investigaciones en materia penal. Todavía no se conoce respuesta alguna de la compañía.
‘Modus operandi’
De acuerdo con información de W Radio, los denunciantes en el caso afirmaron que el modus operandi tenía que ver con reuniones se hacían vía Zoom, donde las representantes explicaban las bondades del esquema y aseguraban la seguridad de sus operaciones.
En palabras de estos ciudadanos, quienes mencionaron también a Lised Melo, como asesora de la compañía,, “la modalidad de captar personas es por redes sociales y reuniones por Zoom donde […] explican el modelo de inversión y nos aseguran la seriedad y seguridad de su empresa, y que no existe ningún riesgo en su empresa”.
Según las mismas, en estas sesiones, incluso, se presentaron documentos supuestamente avalados por entidades como la Fiscalía General y diferentes empresas tanto públicas como privadas. Sin embargo, la situación dio un giro cuando supuestos inversionistas comenzaron a sospechar del carácter fraudulento del modelo.
Sin respuestas claras
Al enfrentar a los responsables, no obtuvieron respuestas claras, más allá de que perderían su dinero si optaban por interponer demandas. Uno de los afectados reveló al medio: “Nos muestra ‘contratos’ con la Fiscalía entre otras empresas públicas y privadas. Sin embargo, al confrontarla diciéndole que ya nos dimos cuenta que es un modelo ilegal y posiblemente fraudulento no nos da más respuesta diferente a que, si la demandamos, vamos a perder el dinero y que mejor para ella”.
Ante esto, la Superintendencia Financiera de Colombia recomendó a los ciudadanos evaluar con rigor la legalidad a la que se sujetan las propuestas de inversión antes de destinar recursos económicos.
Frente al caso específico que involucra a López y Melo, la entidad encaminó una línea de acción para prevenir que otras personas puedan verse afectadas por este tipo de esquemas. Como parte de estas medidas, se aconsejó a las víctimas formalizar las denuncias para agilizar procesos judiciales que permitan esclarecer los hechos.
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