Se conoció de quién eran los apartamentos y lotes que la Fiscalía decomisó, en medio de investigación contra narcopolicías: es un mayor retirado

Han pasado dos días desde que la Fiscalía General de la Nación informó al país sobre la medida cautelar con fines de extinción de dominio que le aplicó a 15 inmuebles de un mayor (r) de la Policía Nacional por estar vinculado a una presunta red de corrupción al interior de la institución.

Sin embargo, con el anuncio de la investigación que involucra a altos mandos de la institución y su presunta colaboración con organizaciones criminales como el Clan del Golfo y La Cordillera, el ente investigador no entregó detalles del nombre de oficial.

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Solo hasta la mañana de este martes 24 de diciembre, se pudo establecer que la compleja red de corrupción, que operó entre 2019 y 2023, derivó en la captura de varios oficiales, entre ellos el mayor Pablo Andrés Uribe, señalado como líder de la estructura y solicitado en extradición por Estados Unidos.

Incluso, una investigación de la revista Cambio, que contó con fuentes oficiales de la institución, informó que los 15 bienes incautados por la Fiscalía, valorados en cerca de 3.000 millones de pesos, pertenecen al mayor Uribe.

Los inmuebles, ubicados en Ibagué y Barranquilla, incluyen apartamentos, parqueaderos y lotes, y han sido entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.

Esta medida se tomó con fines de extinción de dominio, en medio de una investigación que vincula al oficial con delitos como concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento público.

De acuerdo con Cambio, el mayor Pablo Andrés Uribe, quien hasta su captura en 2023 gozaba de una reputación intachable dentro de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, lideró un esquema de corrupción que inicialmente se centraba en el desvío de recompensas provenientes de los gastos reservados de la Policía y la DEA.

Uribe, quien entre 2019 y 2022 estuvo al frente de la Unidad Investigativa SIU Caribe en Barranquilla, utilizaba información privilegiada sobre rutas del narcotráfico para filtrarla a una fuente conocida como ‘Montaña’. Esta fuente, a su vez, entregaba los datos a las autoridades para cobrar las recompensas, que luego eran repartidas entre los integrantes de la red.

El Sensitive Investigative Unit (SIU), programa financiado y entrenado por la DEA, tiene como objetivo combatir el narcotráfico en países como Colombia. Sin embargo, según la investigación, Uribe y sus cómplices aprovecharon su posición para desviar recursos y, posteriormente, involucrarse directamente en el tráfico de cocaína hacia Europa.

En 2023, la red amplió su alcance al colaborar con organizaciones criminales como el Clan del Golfo y La Cordillera. Según la Fiscalía, los oficiales facilitaban el transporte de droga desde los puertos de Barranquilla y Cartagena, utilizando vehículos oficiales para garantizar el paso de los cargamentos. Además, engañaban a los narcotraficantes al delatar los envíos en los países de destino, lo que les permitía cobrar recompensas adicionales de la DEA y las autoridades locales.

El caso tomó una dimensión mayor cuando las investigaciones señalaron al general Tito Castellanos, exsubdirector de la Policía Nacional, como presunto beneficiario de esta red de corrupción.

Según Cambio, una fuente civil aseguró que Castellanos habría recibido dinero a cambio de suministrar información que favorecía a los grupos criminales. Estas acusaciones llevaron a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia a abrir una indagación preliminar en su contra.

Además del mayor Uribe, otros oficiales han sido capturados por su participación en esta estructura. Entre ellos se encuentran el mayor Carlos Mario Montoya, quien era comandante del Grupo Gaula Valledupar; el mayor Andrés Felipe Osorio, investigador del Grupo de Apoyo a la Justicia Penal Militar en Bogotá; y el patrullero Elkin José Tovio, integrante de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) en Barranquilla.

Según la Fiscalía, estos oficiales colaboraron con Uribe y Montaña en el transporte de droga hacia los puertos y en la manipulación de recompensas. Aunque las autoridades no descartan que las actividades ilícitas de la red se remonten a años anteriores, fue en 2023 cuando su modus operandi se volvió más evidente.

Los oficiales capturados, incluido el mayor Uribe, están a la espera de que se materialicen las órdenes de extradición solicitadas por Estados Unidos. Según fuentes citadas por Cambio, una vez extraditados, los implicados podrían comenzar a colaborar con la justicia norteamericana, revelando los nombres de otros oficiales corruptos que participaron en estas redes de narcotráfico.