Procuraduría denunció serios obstáculos en la implementación de la Reforma Rural Integral: qué pasó

En un informe presentado por la Procuraduría General de la Nación al Congreso de la República resaltó los avances y los obstáculos persistentes en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las extintas Farc.

En dicho informe, al que tuvo acceso el diario El Tiempo, uno de los aspectos más destacados es la Reforma Rural Integral, un componente clave del acuerdo que, hasta la fecha, enfrenta serios desafíos para su plena materialización. Este reporte de 980 páginas pone de manifiesto, con detalle, las dificultades en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado colombiano, especialmente en lo referente al acceso a la tierra para las familias campesinas.

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Uno de los principales problemas señalados es la gestión del Fondo de Tierras, cuya misión es facilitar la entrega de tierras a las comunidades rurales que carecen de ellas. Según el informe, cerca del 60% de los predios rurales registrados en el Fondo de Tierras no fueron adecuadamente caracterizados, lo que dificulta su distribución efectiva y transparente.

En palabras de la procuradora General, Margarita Cabello, “los predios rurales del Fondo de Tierras, como principal mecanismo de acceso a tierras creado por el Acuerdo, continúan en su mayoría (cerca del 60 % del área total ingresada) sin caracterización ni valoración técnica, lo que dificulta su disposición para los campesinos sin tierra, afectando el cumplimiento del propósito redistributivo de la propiedad rural”.

Esta falta de caracterización técnica no solo impide que las tierras se asignen de manera justa, sino que también obstaculiza el cumplimiento del propósito fundamental del acuerdo, que es la democratización del acceso a la tierra.

Desde el punto de vista jurídico y técnico, el problema radica en que muchos de los predios no fueron adecuadamente clasificados para determinar si son de origen privado o si pertenecen al Estado, y si tienen aptitudes agropecuarias. Así lo explicó Gustavo Adolfo Guerrero, procurador delegado para asuntos agrarios, que señaló que “se trata de predios que no fueron caracterizados con suficiencia, desde el punto de vista jurídico, para establecer si se trata de predios de origen privado o que no salieron del dominio del Estado y, desde el punto de vista técnico, para conocer si tienen aptitud agropecuaria y si se traslapan con bienes de uso público o áreas de especial importancia ecológica”, de acuerdo con el diario en mención.

Estos problemas afectan un total de 1.4 millones de hectáreas distribuidas en 8.917 predios, lo que genera un importante retraso en la asignación efectiva de tierras a los campesinos que más las necesitan.

El informe también denuncia una preocupante concentración de tierras en unas pocas regiones del país. De acuerdo con los datos presentados, el 80% de los 2.4 millones de hectáreas ingresadas al Fondo de Tierras se concentran en solo 30 municipios, lo que limita el acceso equitativo de las comunidades rurales de otras zonas del país. De los 1.5 millones de hectáreas destinadas para las familias campesinas, el 79% se distribuye entre apenas 25 municipios, mientras que el 80% de las tierras destinadas a comunidades étnicas se concentran en solo ocho municipios.

Esta concentración geográfica refuerza las desigualdades en el acceso a la tierra, al generar una distribución desigual que afecta principalmente a las zonas más marginadas.

Por otro lado, el documento aborda el proceso de identificación de predios baldíos, que ha permitido incorporar 1.5 millones de hectáreas al Fondo de Tierras. No obstante, se señala que este proceso aún no ha sido suficiente para garantizar una distribución equitativa, ya que persisten retrasos y dificultades técnicas en la tramitación de la titulación de las tierras y en la caracterización de los predios. Esto contribuye a la parálisis de un sistema que debería ser clave para el éxito de la Reforma Rural Integral.

Uno de los mecanismos que debería facilitar el acceso a la tierra para los campesinos, el Sistema Integral de Acceso a Tierras (Siat), tampoco ha mostrado avances significativos. Según el informe, lleva casi tres años sin avances sustanciales debido a la falta de consolidación del Registro de Inmuebles Rurales (RIR), aunque se avanzó en la entrega de subsidios a través de otras modalidades como el Subsidio Integral de Tierras (SIT) y el Subsidio Integral Directo de Reforma Agraria (Sira), estos esfuerzos siguen siendo insuficientes para cubrir las necesidades del sector rural.

Hasta la fecha, solo se entregaron 290 subsidios, beneficiando a 1.275 familias y abarcando 9.121,22 hectáreas. La Procuraduría considera que estos avances no son suficientes para abordar el alcance total de las necesidades en el campo colombiano.