El general (r) Mario Montoya, excomandante del Ejército Nacional, será sometido a juicio en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su presunta responsabilidad en los llamados “falsos positivos”, crímenes cometidos bajo su mando entre 2002 y 2003.
La JEP anunció el miércoles 18 de diciembre que remitirá el caso de Montoya a la Fiscalía de la JEP (Unidad de Investigación y Acusación, UIA), donde enfrentará un juicio adversarial y, de ser hallado culpable, podría ser condenado a hasta 20 años de prisión.
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El proceso contra Montoya se centra en su supuesta responsabilidad en al menos 118 casos de ejecuciones extrajudiciales en el departamento de Antioquia, conocidas como “falsos positivos”, en el que civiles fueron asesinados y presentados como bajas en combate.
La JEP determinó que Montoya implementó una “política de conteo de cuerpos”, presionando a sus subordinados para que reportaran un número elevado de muertes en combate, en lugar de optar por capturas. Esto resultó en la muerte de civiles inocentes, quienes fueron luego presentados como guerrilleros o paramilitares caídos en enfrentamientos.
La magistrada Catalina Díaz, que lideró el caso, aseguró que Montoya promovió la consecución de estas muertes a toda costa, sin importar las condiciones de tiempo, lugar o modo en las que se cometieron los crímenes. “El general Montoya generó las condiciones que llevaron a la comisión de los crímenes imputados”, señaló Díaz.
El expediente de Montoya fue trasladado a la UIA de la JEP, que evaluará si el excomandante del Ejército deberá ser procesado por los crímenes imputados.
La Jurisdicción Especial para la Paz dejó claro que Montoya es presunto responsable de la implementación de esta política de “conteo de cuerpos”, lo que agravó la situación y permitió la ejecución de al menos 118 víctimas inocentes. De ser condenado, Montoya podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión.
Este proceso lo convierte en el primer general en retiro en enfrentar un juicio adversarial en la JEP, ya que Montoya se ha negado a reconocer su responsabilidad en los hechos. La magistratura de la JEP también destacó que, durante su mandato, el general Montoya desestimó la protección de los derechos humanos y promovió una política que llevó a la prolongación de un patrón macrocriminal de ejecuciones extrajudiciales.
Además de la investigación en la JEP, Montoya continúa siendo investigado en la fase nacional por otros casos de falsos positivos, lo que podría llevar a nuevas acusaciones en su contra. El excomandante del Ejército sigue siendo un personaje central en el macrocaso 03 de la JEP, que investiga las ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
En las últimas semanas, Montoya ha estado bajo escrutinio internacional. El gobierno de Estados Unidos le prohibió el ingreso, señalando que existen “pruebas creíbles” que lo vinculan con las ejecuciones extrajudiciales de civiles. La sanción, que también afecta a su familia, fue impuesta por los vínculos del excomandante con graves violaciones a los derechos humanos.
La JEP imputó a Montoya y a otros ocho oficiales por más de 130 asesinatos y desapariciones forzadas ocurridas entre 2002 y 2003 en Antioquia. En su rol como comandante de la Cuarta Brigada, Montoya fue señalado por sus subordinados de presionar para que los “resultados” de la lucha contra grupos armados fueran presentados como “bajas en combate”, sin importar que estas fueran, en realidad, asesinatos de civiles.
El general Montoya ha insistido en su inocencia y en su defensa alegó que se le vulneró su derecho al debido proceso. En noviembre pasado, la JEP rechazó la solicitud de nulidad de su caso, argumentando que no se habían presentado irregularidades que afectaran su derecho a la defensa. La Jurisdicción también criticó la incoherencia de los argumentos presentados por la defensa, subrayando que los hechos eran claros y no dejaban lugar a dudas.
Con el juicio en la JEP, el caso de Montoya se convierte en un hito en la lucha por la justicia en Colombia, especialmente en relación con los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. Si se demuestra su responsabilidad, será uno de los casos más emblemáticos de rendición de cuentas para los altos mandos militares implicados en violaciones de derechos humanos.
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