
Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha desatado una fuerte polémica con unas declaraciones durante una asamblea popular en Barranquilla sobre temas energéticos.
En medio de su discurso, Petro defendió su postura de gobierno “libertario” y respaldó al escritor Daniel Mendoza para un eventual nombramiento diplomático, pese a la controversia generada por sus publicaciones en redes sociales y la difusión de fotografías comprometedoras del autor.
El mandatario afirmó: “Por ahí me están diciendo que no puedo nombrar al señor Mendoza de embajador, el que hizo el Matarife, porque salieron unas fotos de él desnudo con unas señoras... las señoras no dicen que fueron a la fuerza, sino que les gustó el momento. ¿Cómo esperan que un gobierno libertario y progresista prohíba el amor y hacer el amor? Ni que fuera Pinochet”.
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Estas declaraciones generaron asombro entre analistas y el público general, pues contrastan con la orientación política progresista que Petro ha defendido a lo largo de su carrera. La confusión surge de la aparente contradicción entre los principios libertarios, que abogan por la menor intervención estatal, y el enfoque progresista que impulsa un Estado más presente en la regulación y protección de derechos.
Juan Falkonerth, analista internacional y consultor político, señaló a Infobae Colombia que las posturas libertarias y progresistas son, en muchos casos, incompatibles.
“Defender la libertad en contraposición al Estado es esencial para el movimiento libertario, mientras que el progresismo aboga por un Estado robusto que regule sectores estratégicos”, explicó Falkonerth, cuestionando la coherencia de las ideas políticas de Petro.

“Definitivamente, hay un error conceptual grave por parte del presidente Gustavo Petro porque son cosas muy diferentes pertenecer al movimiento libertario o pertenecer al movimiento progresista”, señaló al referirse a las recientes declaraciones del presidente.
Falkonerth explicó que el movimiento libertario busca reducir al mínimo la intervención del Estado en la vida privada de los ciudadanos, promoviendo un libre desarrollo de la personalidad y defendiendo un mercado autorregulado, donde la competencia y las fuerzas del mercado determinan la economía sin la intervención estatal. Según esta ideología, el Estado debe tener el papel más limitado posible en todos los aspectos de la vida social y económica.
Esta disparidad de principios, según el analista, resalta el desacuerdo ideológico entre el presidente Petro y representantes de la corriente libertaria, como el economista y político argentino Javier Milei. “Los principios del progresismo colisionan con los del libertarismo”, explicó Falkonerth, señalando que las políticas progresistas de Petro, como su oposición a la privatización y su intervención en la economía, chocan frontalmente con las ideas clave del libertarismo, que promueve un Estado reducido y sin injerencia en los mercados.
Este contraste ideológico pone de relieve la complejidad del discurso político de Petro, que intenta amalgamar propuestas y políticas que, en la teoría, no concuerdan del todo, según los analistas.

“El progresismo cree que se requiere un Estado más robusto y más grande, que opere sectores estratégicos de la vida nacional. Es decir, en el tema de la educación, el progresismo no concibe que particulares puedan prestar ese servicio público, sino que debe recaer principalmente, o mayoritariamente, en el Estado. En realidad, el concepto claro es que el Estado debe controlar todos los sectores estratégicos, siendo grande y robusto, lo cual reduce las libertades de los individuos y las libertades económicas”, explicó.
Al ser preguntado sobre el eventual nombramiento de Daniel Mendoza como embajador de Colombia en Tailando por parte del Gobierno nacional, Falkjonerth aseguró que “el presidente Petro tiende a cometer errores conceptuales relevantes, como cuando confundió las funciones de jefe de Estado con las de jefe de Gobierno”.
Esta situación pone en tela de juicio no solo su comprensión constitucional, sino también la estrategia de comunicación política. “El discurso del presidente Petro ha sido efectivamente basado en el populismo”, agregó Falkonerth.
Sobre el nuevo embajador de Colombia en Tailandia
La designación de Daniel Mendoza para la embajada en Tailandia ha suscitado controversia debido a la falta de experiencia diplomática del candidato, además de cuestionados comportamientos que han sido ampliamente comentados por varios sectores de la sociedad colombiana.
Analistas creen que este nombramiento refleja un “pago de favores políticos”, como sostiene Falkonerth: “El Gobierno ha entendido que las embajadas son fortines políticos para pagar favores”. Con ausencia de credenciales adecuadas y una trayectoria diplomática reconocida, este tipo de decisiones se perciben como una deshonra a la carrera diplomática del país.

La crítica a los nombramientos sin considerar la meritocracia ha sido una constante en Colombia, especialmente cuando se trata de cargos estratégicos. Por eso, el analista político señaló que este tipo de decisiones debilita las instituciones y pone en riesgo la calidad administrativa del país.
En este sentido, destacó la urgencia de legislar para establecer límites claros en los nombramientos, algo que se busca con el proyecto de ley propuesto por la representante Katherine Miranda. Este proyecto tiene como objetivo garantizar que quienes asuman cargos administrativos clave cuenten con las competencias y conocimientos necesarios para desempeñarlos con eficiencia.
El malestar por los nombramientos en el gobierno de Gustavo Petro no es exclusivo de sectores opositores. Dentro del mismo espectro oficialista, hay voces críticas que cuestionan la falta de idoneidad de figuras que han ocupado puestos de alta responsabilidad. Entre los ejemplos más sonados figuran los de Hollman Morris, nombrado en Rtvc, y Armando Benedetti, quien actualmente asesora al presidente. Según Falkonerth, estos nombramientos dan la impresión de que hay un “alineamiento político” con individuos que, aunque han respaldado el proyecto de Petro, carecen de las competencias requeridas para esos puestos.
El debate también se extiende a la promesa de Petro de dignificar a las mujeres en Colombia, especialmente cuando figuras vinculadas a escándalos de comportamiento y actitudes cuestionables han sido designadas para cargos importantes. Este tipo de nombramientos ha puesto en tela de juicio la credibilidad del Gobierno en cuanto a su compromiso con las políticas de equidad de género. Para muchos, la imagen del presidente y su gobierno está cada vez más lejos de los cambios sustanciales que prometieron en la campaña.
La situación es un reflejo de un dilema político más amplio que enfrenta Petro: la contradicción entre sus promesas y las acciones que realmente toma. Mientras que algunos sectores de su gobierno impulsan transformaciones importantes, las imprecisiones conceptuales y los nombramientos controvertidos socavan los avances y alimentan la percepción de que el discurso presidencial es más populista que transformador.
En resumen, el presidente Gustavo Petro enfrenta un desafío crucial: reconfigurar su estrategia política para que esté alineada de manera coherente con los compromisos que asumió en su campaña y con las expectativas de su administración. Si no logra abordar las críticas y las contradicciones de manera efectiva, podría enfrentar una erosión significativa de su apoyo tanto dentro como fuera de su gobierno.
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