La Central Hidroeléctrica de Urrá anunció que, en cumplimiento de las disposiciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), suministrará 102 GWh de energía eléctrica a la empresa Air-e S.A.S. E.S.P. durante 2025, de acuerdo a información conocida por la Revista Semana.
El comunicado destacó que esta medida busca garantizar la estabilidad de precios para los consumidores y la continuidad del servicio en las áreas donde opera el comercializador.
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Urrá S.A., activa en el Mercado de Energía Mayorista colombiano, realiza transacciones a través de contratos bilaterales y la Bolsa de Energía. Según la entidad, los contratos bilaterales permiten establecer acuerdos con condiciones y precios fijos, promoviendo seguridad tanto para los generadores como para los comercializadores.
Esta modalidad, amparada por la Ley 143 de 1994 y regulada por la Resolución Creg 024 de 1995, garantiza que los términos sean negociados libremente entre las partes.
La situación de Air-e, que fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en septiembre, es crítica debido a su alta exposición a los elevados costos en la Bolsa de Energía, los cuales han alcanzado máximos históricos. Según Edwin Palma, interventor de la empresa, esta situación ha llevado a incrementos tarifarios que afectan a los usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Las facturas correspondientes a diciembre reflejarán un aumento del 6 %, debido en parte a la compra de energía a precios altos en el mercado mayorista.
Palma señaló que el 50 % de la energía adquirida por Air-e depende de la Bolsa de Energía, lo que dificulta reducir las tarifas. Explicó que, sin la intervención estatal, la situación podría haber llevado a apagones parciales o totales. En el momento de la intervención, la empresa enfrentaba deudas por 1,8 billones de pesos, afectando su liquidez y capacidad operativa.
Por otro lado, Urrá enfrenta acusaciones de corrupción que han generado gran controversia. Recientemente, el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla presentó denuncias ante la Fiscalía relacionadas con irregularidades en procesos licitatorios de la empresa, específicamente en la construcción del Parque Solar Urrá 19,9, el cual lleva dos años de retraso. Las denuncias involucran a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y Nicolás Alcocer Petro, en supuestos favorecimientos a empresas como Positive Energy SAS y Ecoenergética Soluciones de Ingeniería SAS.
Adicionalmente, la Procuraduría inició una indagación preliminar para determinar si funcionarios de Urrá gestionaron contratos con criterios técnicos cuestionables, favoreciendo a determinadas comercializadoras de energía. Según la Sala Disciplinaria, se investigan posibles transacciones que habrían permitido márgenes elevados y condiciones simuladas de negociación para aparentar legalidad.
Urrá, considerada un foco de poder político en el departamento, también enfrenta luchas internas por el control de la organización. En meses recientes, se han realizado cambios en los estatutos de la empresa, lo que refleja tensiones internas por el manejo de sus recursos y la influencia política. Entre los actores involucrados destaca Andrés Calle, ex presidente de la Cámara de Representantes, vinculado al escándalo de corrupción de la UNGRD, y quien ha sido señalado como parte de un clan político que ejerce influencia en la hidroeléctrica.
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