Libres de culpa: consorcio CCC Ituango fue exonerado por el colapso en Hidroituango

El tribunal internacional de arbitramento encargado de decidir sobre la posible responsabilidad del Consorcio CCC Ituango, conformado por las empresas Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa, en el colapso de la galería auxiliar de desviación que generó la emergencia en abril de 2018 en Hidroituango, emitió en la segunda semana de diciembre un fallo a favor del consorcio, lo que lo exoneró de cualquier responsabilidad. Este proceso, iniciado por la sociedad en enero de 2021, tenía como objetivo aclarar los desacuerdos contractuales relacionados con las obligaciones en la construcción de la galería auxiliar de desviación del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.

En su momento, el Consorcio CCC Ituango activó una cláusula que establecía que cualquier diferencia surgida como parte de la emergencia de 2018 sería resuelta mediante un proceso de arbitraje. Este mecanismo, considerado una alternativa a los procesos judiciales tradicionales, consiste en que las partes involucradas someten las disputas a uno o varios árbitros imparciales, en lugar de recurrir a un tribunal estatal. Así, el tribunal de arbitramento evaluó las pruebas y los argumentos presentados y determinó que el consorcio no fue responsable del incidente.

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A pesar de que desde 2019 la aseguradora Mapfre comenzó a desembolsar el seguro todo riesgo asociado a la contingencia de 2018, la controversia se intensificó en 2021. En ese año, el entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero, presentó una demanda por $9,9 billones contra los contratistas. Según la Gerencia de Empresas Públicas de Medellín (EPM) de esa época, los contratistas habrían modificado los diseños originales y utilizado materiales de calidad inferior, lo que, supuestamente, contribuyó al desastre.

En 2021, la Procuraduría General de la Nación intentó mediar entre Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el Consorcio CCC Ituango para alcanzar una conciliación sobre las demandas presentadas por la administración de Daniel Quintero. Dichas demandas, que ascendían a $9,9 billones, buscaron resarcir los “perjuicios ocasionados tras el colapso de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) en abril del 2018″. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron, dejando a las partes en una disputa sin acuerdo.

El Consorcio CCC Ituango decidió no quedarse de brazos cruzados y, mediante un comunicado, expresó su intención de llevar las diferencias contractuales ante un tribunal especializado. Justificaron esta decisión al explicar que la presencia de un socio extranjero obligaba a buscar instancias jurídicas que garantizaran un proceso justo y técnico.

En sus declaraciones, aseguraron que el objetivo era demostrar que actuaron “no solamente de buena fe, sino de forma diligente y acorde con las buenas prácticas de la ingeniería”, siguiendo siempre los diseños e instrucciones emitidos por EPM. Además, manifestaron que, en este proceso, buscarían también una reparación por los daños económicos y reputacionales sufridos a raíz de los señalamientos en su contra.

La decisión del tribunal, que finalmente falló a favor del consorcio, motivó a la constructora Conconcreto, uno de sus integrantes, a emitir un comunicado. En este, resaltó que “el rigor técnico y jurídico con el que se llevó a cabo este proceso, que contó con la participación de reconocidos expertos en el ámbito de la ingeniería”. Asimismo, destacaron el papel del consorcio en superar los obstáculos presentados por la contingencia del 2018 y en garantizar la finalización de la primera fase del megaproyecto hidroeléctrico.

Conconcreto enfatizó que el Consorcio CCC Ituango, a pesar de los desafíos “inéditos en ingeniería”, había actuado con integridad y compromiso, aportando “toda su experiencia técnica, humana, social y ambiental”.

Asimismo, destacaron que, gracias a esta gestión, la central hidroeléctrica más grande de Colombia opera hoy bajo la administración de EPM, consolidándose como un elemento esencial para la confiabilidad energética del país. Finalmente, señalaron que los problemas enfrentados fueron completamente ajenos a la voluntad del consorcio, reafirmando que este siempre actuó con responsabilidad y profesionalismo.