Tribunal Superior de Bogotá rechazó la solicitud de preclusión del excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo

Luis Carlos Restrepo, ex alto comisionado para la Paz durante 2005 y 2006, no logró evitar el juicio en su contra por el delito de peculado por apropiación a favor de terceros.

El Tribunal Superior de Bogotá ratificó su proceso penal, respaldando el fallo de un juzgado penal capitalino que el 24 de octubre pasado mantuvo vigente uno de los casos más singulares vinculados al conflicto armado en Colombia.

Según la hipótesis de la Fiscalía, Luis Carlos Restrepo habría encabezado un proceso fraudulento, presentando como desmovilización de 66 insurgentes que supuestamente pertenecieron al frente Cacica La Gaitana del Comando Conjunto Central Adán Izquierdo de las Farc. De hecho, a los supuestos falsos guerrilleros se les retribuyó con beneficios jurídicos y un pago millonario.

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Según la ponencia del magistrado Juan Carlos Arias, la Sala Penal determinó que el Juzgado 1 Especializado de Bogotá actuó correctamente al mantener vigente el expediente contra el excomisionado de Paz durante el gobierno de Álvaro Uribe, Luis Carlos Restrepo, así como contra los otros procesados Hugo Hernán Castellanos y Jaime Joaquín Ariza.

En el documento de la decisión del tribunal se lee con respecto a la decisión que: “Primero. CONFIRMAR el auto del 24 de octubre de 2024, proferido por el Juzgado 1 Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que negó la solicitud de preclusión de los defensores de LUIS CARLOS RESTREPO RAMÍREZ, JAIME JOAQUÍN ARIZA GIRÓN y HUGO HERNÁN CASTELLANOS JIMÉNEZ”.

La defensa de Luis Carlos Restrepo solicitó el archivo del proceso judicial, argumentando que, según su análisis de los testimonios incorporados al expediente, no se configuraría un acto de apropiación indebida de recursos públicos.

“En otras palabras, los recurrentes pretenden, a través de una ligera y descontextualizada interpretación, que el Juez irregularmente aborde anticipadamente el análisis probatorio sobre los hechos base de acusación y la responsabilidad que la fiscalía atribuye a los procesados”, argumentó el Tribunal Superior de Bogotá al respecto.

El Tribunal Superior de Bogotá, de igual manera, decidió devolver el asunto al juzgado de origen para que prosiga con el trámite respectivo, designó al magistrado ponente para dar a conocer esta decisión y advirtió que contra esta providencia no proceden recursos.

Según la acusación, durante el periodo comprendido entre noviembre de 2005 y marzo de 2006, el exguerrillero Raúl Agudelo Medina, alias Olivo Saldaña, desde la cárcel La Picota, estructuró un entramado para simular una desmovilización con la complicidad de los procesados. Olivo Saldaña fue quien ideó la presunta compañía Cacica La Gaitana, presentada como un grupo insurgente.

Según la tesis de la Fiscalía, la supuesta compañía estaba conformada por individuos que no ostentaban condición de guerrilleros, quienes recibieron durante dos meses instrucción en temas políticos e insurgentes por parte del exguerrillero Felipe Alejandro Salazar, alias Biofilo. Los falsos desmovilizados fueron acogidos por la Oficina del Alto Comisionado para el trámite del programa de reinserción a la vida civil durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Luis Carlos Restrepo fue judicializado por la Fiscalía debido a los hechos ocurridos el 7 de marzo de 2006 en Alvarado, Tolima. Ese día, ante altos funcionarios del gobierno Uribe, se escenificó una falsa desmovilización de 62 personas que fingieron ser integrantes de las Farc.

Tiempo después, trascendió que esa simulada desmovilización presuntamente contó con financiación de un narcotraficante y respaldo de oficiales del Ejército Nacional, así como de otros servidores públicos. La trama buscaba aparentar avances impulsados por el Gobierno Uribe.

En el año 2012, la Fiscalía imputó cargos al excomisionado Luis Carlos Restrepo y los otros dos procesados por varios delitos relacionados con estos hechos. A Restrepo, en particular, se le endilgaron los punibles de fraude procesal, peculado por apropiación y porte ilegal de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas. Su proceso ha sido adelantado en contumacia, es decir, en su ausencia, aunque su equipo de defensa ha intervenido ante las distintas instancias judiciales.

Desde 2013, la justicia comenzó a negar de forma sistemática las nulidades propuestas por los abogados defensores de Restrepo y los otros acusados.