Proyecto busca frenar abusos del Estado a empleados con contratos de prestación de servicios

Al Congreso de la República llegó un nuevo proyecto de ley con la que se pretende proteger los derechos de los contratistas que están bajo contrato de prestación de servicios en las diferentes entidades y dependencias del Estado colombiano.

La iniciativa fue radicada ante la Secretaría de la Cámara de Representantes por el congresista Agmeth Escaf, del Pacto Histórico, que aseguró que la propuesta modernizará la planta de personal y evitará que se sigan encubriendo relaciones laborales bajo este tipo de contratación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Además, el representante del departamento de Atlántico subrayó que, en la actualidad, el 32 por ciento de los empleadores del sector público están bajo contratos de prestación de servicios, una modalidad que no contempla derechos laborales básicos como vacaciones, primas o cesantías.

A su vez, precisó que un total de 18.430 colombianos han iniciado un proceso contra el Estado producto de los abusos en sus contratos de prestación de servicios, con pretensiones totales indexadas a $2,9 billones.

“El Estado no puede seguir siendo el mayor empleador precario del país. Es hora de garantizar derechos y frenar el abuso con las OPS”, explicó Escaf.

De igual manera, el congresista agregó que uno de los beneficios que contempla la propuesta es que los contratistas podrán tener derecho a un descanso por doce días hábiles por año de servicio, así como las cuentas de cobro que deberán ser pagadas en un máximo de treinta días.

“Cada diciembre, miles de contratistas, que representan más de un tercio del personal al servicio del Estado, entran en un limbo de incertidumbre. No saben si sus contratos serán renovados, no tienen derecho a primas y, si no están en la ‘rosca’, en muchos casos, se ven obligados a trabajar meses gratis mientras se resuelven prórrogas que nunca llegan a tiempo”, expresó el representante del Pacto Histórico.

También, Escaf señaló que, en caso de que alguna entidad del Estado no renueve su planta de personal en un periodo máximo de dos años, será sancionada por el Ministerio del Trabajo.

“El Ministerio del Trabajo impondrá multas a entidades públicas y privadas declaradas responsables de encubrir relaciones laborales. Esto incluye la responsabilidad solidaria de terceros involucrados en cadenas de contratación”, expresó el congresista barranquillero.

Otros puntos del proyecto de ley

De otro lado, Agmeth Escaf resaltó que el proyecto también protege a contratistas en condiciones vulnerables, como personas gestantes o en licencia de maternidad o paternidad, evitando despidos anticipados sin causa justificada. Además, indicó que los contratistas “serán incluidos en programas de bienestar y capacitación organizados por las entidades públicas, igualando beneficios con los funcionarios de planta”.

“Los contratistas no reciben capacitación, deben asumir el 100% de los costos de su seguridad social, y trabajan sin la estabilidad que les permita planear un futuro. Muchos recién egresados, con el sueño de servirle a su país, se ven atrapados en esta precariedad (...) se establece el derecho a descanso remunerado en casos de aborto o parto prematuro no viable, garantizando la dignidad de contratistas en situaciones críticas”, comentó.

Igualmente, la iniciativa busca establecer criterios claros para identificar relaciones laborales disfrazadas, como exigencia de horarios, reglamentos internos o controles disciplinarios. “Esto busca prevenir abusos y litigios relacionados con contratos realidad”, añadió.

Finalmente, el congresista del Pacto Histórico expresó: “El proyecto no solo busca dignificar la situación de los contratistas, sino también generar un cambio estructural en la forma en que el Estado gestiona su fuerza laboral. Sin embargo, su implementación requerirá un equilibrio entre los derechos de los trabajadores y las limitaciones presupuestales del sector público”.

La iniciativa cuenta con el respaldo de cuarenta congresistas, entre ellos, 16 representantes de la Comisión Séptima de la Cámara como María Fernanda Carrascal y Alfredo Mondragón del Pacto Histórico, Martha Alfonso del partido Alianza Verde, Gerardo Yepes del Partido Conservador, Germán Rozo del Partido Liberal y Jairo Humberto Cristo de Cambio Radical, entre otros integrantes de esta corporación en la que iniciará la discusión de este proyecto de ley.